El secretario Adjunto de la UOM seccional Río Grande, Marcos Linares, dio a conocer un documento crucial elaborado por el Congreso de Delegados y Delegadas en el marco del acto por el paro metalúrgico celebrado esta semana, en la ciudad del norte fueguino. El pronunciamiento colectivo busca ubicar en el centro del debate la crítica situación del sector fabril austral frente a la apertura indiscriminada de importaciones y los intentos de flexibilización productiva. A través de este texto, la entidad gremial trazó un minucioso diagnóstico de las pérdidas sufridas durante la última década, apuntó directamente contra la actitud de los empresarios locales y emplazó tanto al sector privado como a los poderes ejecutivos y legislativos, a tomar medidas urgentes para proteger el trabajo y la soberanía.
La movilización obrera volvió a hacerse sentir en las calles riograndenses con una masa de trabajadores que acompañó la lectura del escrito sindical. El documento oficial de la conducción obrera abrió con una definición categórica respecto de la postura que mantendrán en esta coyuntura, expresando: “sí compañeros, hoy estamos nuevamente en la calle, porque sabemos que los derechos, la industria, los puestos de trabajo y la soberanía no se defienden desde el silencio, se defienden unidos, organizados y haciendo escuchar nuestra voz”.
El impacto de la última década y la amenaza de las importaciones
En un repaso histórico sobre el deterioro del entramado productivo fabril, el escrito gremial recordó las consecuencias negativas que dejaron distintas medidas económicas de años pasados. Los delegados remarcaron que “no es la primera vez que nuestra industria es atacada”, detallando que “durante la última década, con la aplicación de políticas en contra de la industria nacional, aún con procesos de lucha muy importantes, hemos perdido la producción de notebook, netbook, tablet, cocinas microondas y se ha visto seriamente afectada la producción de teléfonos celulares”. Asimismo, remarcaron que “todo esto significa ni más ni menos que la pérdida de cientos de puestos de trabajo, con la consecuente pérdida de soberanía”.
A dicho escenario se le suma en la actualidad una preocupación técnica y comercial de alto impacto. A este panorama se agrega “el vencimiento previsto de dos resoluciones anti-dumping que hoy protegen la producción nacional de equipos de aire acondicionado”. Al respecto, denunciaron que “frente a la apertura indiscriminada de productos importados, impulsadas como política central del gobierno nacional, esto pone en riesgo la continuidad productiva de uno de los productos más importantes de la industria metalúrgica y la consecuente afectación de puestos de trabajo”.
Duras acusaciones al sector empresarial y rechazo a la flexibilización
Uno de los tramos más severos del documento estuvo dirigido a las empresas radicadas en la isla. El Congreso de Delegados responsabilizó al sector patronal de actuar de manera unilateral, al elevar propuestas de modificación de los procesos productivos ante la Secretaría de Industria de la Nación. En el documento manifestaron que “ante este escenario también debemos denunciar y responsabilizar al sector empresario de Tierra del Fuego, que de manera unilateral ha tomado la decisión de presentar al gobierno nacional modificaciones sustanciales en los procesos productivos con el solo fin de sostener sus negocios y sin tener en consideración a los trabajadores que durante años han aportado con sus esfuerzos a las ganancias de estos capitales”.
Frente a estas iniciativas, la seccional Río Grande de la UOM ratificó su posición inamovible de rechazar cualquier tipo de flexibilización, reducción o alteración en las líneas de montaje. Expresaron formalmente “nuestra posición de rechazo a cualquier nueva flexibilización, modificación o reducción de los procesos productivos de los equipos de aire acondicionado y de cualquier otro producto fabricado en Tierra del Fuego”.
La dirigencia fue enfática al sostener que “cada proceso que se elimina, cada tarea que se reduce y cada componente que deja de fabricarse o ensamblarse en nuestra provincia, representa menos trabajo, menos producción y una amenaza concreta para las familias fueguinas”. Además, recordaron que la Ley 19.640 “fue creada para promover el desarrollo industrial, generar empleo fueguino, incorporar valor agregado y fortalecer la presencia argentina en Tierra del Fuego”, por lo que rechazaron “cualquier intento de vaciarla, flexibilizarla o convertir nuestra industria en una simple actividad de importación, ensamblaje mínimo y distribución”.
La memoria sobre crisis anteriores respaldó la postura obrera, argumentando que “las experiencias anteriores nos demostraron que la reducción de los procesos productivos no generó más inversiones ni mayor desarrollo, por el contrario provocó pérdida de empleo, caída de la producción y debilitamiento de la industria nacional”. En ese sentido, reiteraron que “no estamos defendiendo solamente una línea de producción, estamos defendiendo el salario, la dignidad de nuestras compañeras y compañeros y el derecho de nuestros hijos a tener un futuro en esta provincia”.
Emplazamiento de 72 horas y exigencias al arco político
El reclamo de los metalúrgicos incluyó exigencias concretas e inmediatas dirigidas a las cámaras empresariales. Exigieron al sector empresario “que retire el proyecto de flexibilización del proceso productivo ingresado a la Secretaría de Industria de Nación y se abstenga de incurrir en cualquier iniciativa que implique disminuir los puestos de trabajo vigentes, que defienda el valor agregado, la producción y el empleo fueguino”.
Asimismo, establecieron un ultimátum al exigir “que en un plazo no mayor a 72 horas, nos convoquen a los efectos de discutir hasta su resolución, el legítimo reclamo paritario”.
Por otra parte, la UOM apeló al compromiso de los mandatarios locales, legisladores y autoridades nacionales. Exigieron “al gobierno provincial, a nuestros representantes políticos en los distintos cargos ejecutivos y legislativos y a las autoridades nacionales una defensa firme, concreta e incondicional de la soberanía y la industria fueguina”. Advirtieron que “no alcanza con discursos, documentos ni declaraciones”, remarcando que “necesitamos decisiones que garanticen la continuidad de la producción, la renovación y el mantenimiento de las medidas de protección comercial necesarias y la defensa de cada puesto de trabajo”.
Continuidad del plan de lucha
El cierre del documento sirvió para anunciar la profundización del plan de lucha en caso de no recibir respuestas satisfactorias. Desde la organización reafirmaron su “compromiso histórico con las trabajadoras y los trabajadores metalúrgicos”, asegurando que “no vamos a permitir que decisiones tomadas lejos de nuestra provincia condenen a miles de familias a la incertidumbre, al desempleo y al destierro de esta querida provincia”.
Por ello, anunciaron que “vamos a defender la industria en las fábricas, en las instituciones, pero también en las calles, porque cuando peligra un puesto de trabajo peligra toda la comunidad”. Argumentaron que “defender la industria fueguina es defender el trabajo argentino, es defender la soberanía nacional, es defender el derecho de nuestro pueblo a vivir, desarrollarse y construir su futuro en Tierra del Fuego”.
El pronunciamiento concluyó advirtiendo que “esta es sólo una primera medida de un plan de lucha que iremos profundizando hasta lograr que nuestros reclamos sean escuchados y atendidos”. La lectura cerró con la afirmación de que “tenemos el compromiso y la responsabilidad de siempre, y tenemos el coraje y la firme decisión de luchar por nuestros derechos y por nuestro futuro”, sintetizando la proclama final con la consigna “ni un puesto de trabajo menos, ni un proceso productivo menos. La industria fueguina se defiende, la patria no se vende”.