Al ser consultada sobre las modalidades de protesta tras la reanudación de las actividades judiciales y la falta de canales formales de negociación, la referente gremial detalló cómo se reestructuró la jornada laboral en la última semana y las razones que motivan el endurecimiento de los reclamos.

“Concluyó la feria, retomamos las actividades el lunes. Nosotros a partir del lunes de esta semana, al no haber tenido ningún contacto nuevo con el Superior Tribunal de Justicia, decidimos continuar con la disminución de la carga horaria y nos retiramos a las doce del mediodía”. A su vez, respecto de las definiciones adoptadas en el ámbito gremial para los próximos días, explicó la instancia decisiva que atraviesan las bases, manifestando que “Hoy tenemos una asamblea con los trabajadores para definir un paro de 24 horas para la semana que viene, porque hicimos dos pedidos. Uno, una recomposición del salario, que no tuvo respuesta, y una reunión con los ministros, que tampoco tuvo respuesta”.

Con relación a las expectativas depositadas en los encuentros institucionales programados, agregó que para el paro “faltaría definir la fecha, hoy vamos a definir seguramente la fecha, si bien el lunes tenemos una reunión con el secretario de Superintendencia, entendemos que no va a haber novedades al respecto”.

En referencia a la postura económica expresada por las autoridades judiciales sobre la falta de presupuesto y la necesidad de revisar los criterios de distribución salarial, la dirigente sindical analizó la postura del organismo y la alternativa enviada por el gremio.

“De las últimas veces que hemos tenido contacto con Presidencia, el argumento fue que no hay fondos para garantizar el aumento salarial. Nosotros entendemos que ante este panorama es necesario poner un tope a los aumentos, no se puede dar el mismo incremento para todos los sectores. Hemos llevado propuestas al Superior para que se evalúen, pero siguen hablando de proyecciones a futuro que no tienen ni fecha, ni ningún tipo de respuesta cierta para los trabajadores”.

Sobre la disparidad distributiva y el impacto que la inflación genera en el personal con menores ingresos, Monchietti profundizó en las brechas existentes dentro del escalafón. “Por supuesto, es la misma pelea que llevamos hace años, nada más que ante la crisis económica que estamos atravesando, es lógico que se profundice y que los trabajadores con menor categoría sean el sector más perjudicado. Realmente es una brecha grande”. Al comparar las cifras que perciben las altas autoridades frente al resto del personal, remarcó la desproporción actual: “Es insostenible, creo que hoy hay un consenso generalizado entre los trabajadores que no se puede seguir sosteniendo estos aumentos autootorgados de esta manera”.

Para ejemplificar la distorsión que genera la aplicación de porcentajes uniformes sobre sueldos marcadamente desiguales, detalló los números correspondientes a los próximos pases a sueldo. “Imagínense que nosotros en agosto ya tenemos firmado un 4% y un porcentaje de un ítem, y el impacto para el salario de un ministro de ese aumento de sueldo es de un millón y medio, y en un trabajador es de 50.000 pesos. Entonces, no se puede sostener así. No va a haber presupuesto que alcance para seguir otorgando ese tipo de aumentos, y que tengan un impacto real en el salario del trabajador”.

Ante la inquietud sobre las repercusiones que este escenario gremial causa en la atención al público y en el despacho habitual de las causas, expuso las consecuencias directas sobre la prestación del servicio. “Eso es así, es lógico, es entendible. A pesar de eso, se cumple con lo mínimo y con lo básico, el Poder Judicial está dando respuesta, pero va a haber demora, va a haber atraso. La idea es salir de este nivel de conflictividad, poder trabajar normalmente, y entendemos que si tienen el dinero para dar para todos el mismo porcentaje, bajemos, pongamos un tope, y demos un aumento real al trabajador”.

Por último, al describir las estrategias de subsistencia económica a las que deben recurrir los empleados para compensar la pérdida del poder adquisitivo, la secretaria General visibilizó la realidad de los judiciales en el ámbito informal.

“He tomado conocimiento, con certeza, de compañeros que están haciendo de Uber fuera del horario de trabajo. Compañeros que están buscando otro trabajo, y que sabemos que tampoco hay posibilidad de trabajo o de empleo de calidad para poder llegar a fin de mes. Entonces recurren a estas plataformas que tampoco es un ingreso sustancial. He hablado con choferes de Uber y me dicen, la baja del trabajo es muy grande, no es que haya una demanda de Uber importante en donde vos te permitas hacerte de un salario, es un complemento de alguien que tiene un empleo formal”.

Finalmente, al cerrar sus declaraciones sobre los pasos a seguir dentro del plan de lucha organizado por el SEJUP, ratificó el esquema previsto: “Así es, hoy vamos a definir la fecha, y esperemos tener alguna novedad el día lunes, cuando tengamos una reunión con superintendencia”, concluyó.