En vísperas de las actividades simultáneas convocadas para el próximo primero de agosto en Tierra del Fuego, las organizaciones socioambientales ultiman detalles para una jornada de movilización plurinacional. Desde la ciudad de Río Grande, Natalia Algañaraz, integrante de la Asamblea Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Ambiente en Lucha, analizó el complejo escenario que atraviesa la provincia y el país ante el avance de proyectos normativos e hidrocarburíferos. La dirigente situó el conflicto territorial en el actual contexto de reforma laboral y excepciones económicas, destacando la necesidad de visibilizar de manera urgente el saqueo de los recursos naturales.

Soberanía amenazada y un entramado normativo al servicio de corporaciones

Ante la inquietud sobre el alcance de las medidas nacionales y el impacto directo en la soberanía de la Isla, la entrevistada sostuvo que “no se trata de hechos aislados” sino de un engranaje coordinado para la entrega del territorio. Refiriéndose a las normativas impulsadas a nivel nacional, manifestó que “es un combo completo para entregarle completamente el territorio a las corporaciones y a las multinacionales”, argumentando que detrás de estos esquemas no existen pequeños productores ni comunidades locales. Algañaraz resaltó que las agrupaciones “vienen denunciando este proceso desde hace tiempo”, haciendo hincapié en que la defensa territorial comprende “tanto el espacio continental como el espacio marítimo”.

Al ser consultada sobre las maniobras petroleras que involucran a la cuenca de Malvinas y los acuerdos corporativos en la región, expuso con preocupación el rol de las firmas multinacionales en el Atlántico sur. Remarcando que existen empresas denunciadas por el propio Estado Nacional desde el año 2015 pero mantenidas en silencio en el ámbito provincial. Respecto de las transacciones accionariales entre petroleras británicas e israelíes en áreas claves en la zona de Malvinas, sintetizó de manera contundente la gravedad de la situación afirmando que “nos parece que es todo un mismo paquete tremendo, terrible, que nos están saqueando y entregando”. Asimismo, catalogó estas acciones como “una nueva colonización del territorio, una colonización moderna, en donde nos van entregando a estas grandes corporaciones silenciosamente”. Mientras recordó que se trata de una lucha en la cual confluyen “obviamente con los combatientes de Malvinas y compañeros como Daniel Guzmán, quien desde hace mucho tiempo y desde su portal Agenda Malvinas, viene denunciando estas cuestiones”.

Zonas críticas, bienes comunes y movilización popular

Frente al interrogante sobre los marcos regulatorios vigentes y la supuesta libertad de compraventa de tierras sin restricciones estatales, la dirigente ambientalista aclaró los límites del mercado inmobiliario rural y los verdaderos intereses de los grupos concentrados. Explicando que la normativa actual establece un resguardo legal donde “la Ley de Tierras lo que protege es el 15% de nuestro territorio de que esté en manos extranjeras”, detallando que actualmente un 5% —equivalente a unos 13 millones de hectáreas— ya se encuentra bajo dominio foráneo. En ese sentido, desmitificó el discurso oficial aclarando que “a los grupos inversores no les atrae el porcentaje de tierra vacante común, sino que pretenden apoderarse de lugares estratégicos donde existen cuencas hídricas, pasos de frontera y minerales críticos para la transición energética”.

En relación a cómo responder ante esta avanzada en el ámbito local y el llamado a la comunidad para manifestarse, Algañaraz reiteró el valor transformador de la organización colectiva en las calles. Con vistas a las convocatorias del primero de agosto en conmemoración del Día de la Pachamama, confirmó la realización de actos a las 15 horas en la Plaza de los 100 Años de Río Grande y en la intersección de San Martín y Fadul en Ushuaia. Expresando el sentir de las asambleas, remarcó que “la tierra no se vende, no se desaloja ni se quema”, e invitó a toda la ciudadanía a participar activamente con sus pancartas y banderas “para defender de manera unificada el patrimonio natural y la memoria de los pueblos originarios”.