Ante la consulta sobre el desembarco de la firma israelí Navitas en el yacimiento petrolero León Marino —ubicado a 200 kilómetros de Puerto Argentino—, Carla Wichmann expresó la absoluta preocupación del sector. Señaló que se trata de una recuperación de “las denuncias que los excombatientes sostienen desde hace tiempo respecto de las políticas de desmalvinización impulsadas por el Gobierno Nacional”. Explicó que desde los gobiernos existe un apoyo implícito a la extracción ilegal de hidrocarburos proyectada para 2028 y subrayó que Navitas no operará sola, sino en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, una firma constituida específicamente para realizar actividades hidrocarburíferas ilegales en el archipiélago.

Aclaró asimismo que estas maniobras no constituyen un acontecimiento reciente, sino el resultado de un proceso que se desarrolla desde hace años mediante perforaciones e inspecciones para verificar la viabilidad del área. "Esta empresa Navitas lo que hizo fue obtener el 65% de las acciones de la explotación de ese yacimiento, que estaba a cargo de Harbour Energy".

Al profundizar sobre la conexión directa entre los intereses en el Atlántico Sur y la realidad insular, la referente asambleísta expuso el entramado corporativo que opera en la zona. Explicó que Harbour Energy —la antigua titular mayoritaria de León Marino— es actualmente una de las operadoras de las plataformas situadas al norte de Río Grande, asociada con Total y Pan American Energy en el consorcio de la Cuenca Austral.

Wichmann remarcó que todo este esquema contó con el aval de las autoridades locales. Detalló que en el período 2024-2025, la renovación de la concesión para la extracción de crudo en las plataformas del norte de la provincia fue suscrita por el gobernador Gustavo Melella y convalidad explícitamente mediante los trámites legislativos correspondientes. "No debemos olvidar quién es Pan American. Pan American en efecto nace de una fusión de dos empresas que a su vez fueron adquiridas por British Petroleum, otra compañía inglesa".

Al ser consultada sobre si las mismas corporaciones que saquean las Islas Malvinas son las que explotan los recursos provinciales con la venia oficial, la entrevistada ratificó de forma contundente la aseveración. Reiteró que Harbour Energy pasó de ser la principal accionista en Malvinas a proclamarse en su propia página web como un proveedor estratégico de gas en Argentina, extendiendo además sus operaciones hacia el yacimiento de Vaca Muerta.

Sostuvo que el extractivismo no redunda en beneficio de las comunidades locales. Mencionó como prueba de ello la quita de subsidios al gas en vísperas del invierno, las dificultades de acceso a la red de gas natural y los reiterados cortes de energía eléctrica frente a temperaturas extremas en una jurisdicción productora de hidrocarburos, desde hace cuatro décadas.

"Hablamos de políticas públicas de desmalvinización porque, como también lo han resaltado los excombatientes de Malvinas, no nos olvidemos las declaraciones del presidente en este medio The Telegraph en 2025, cuando dijo que las Malvinas iban a ser recuperadas por Argentina cuando los isleños así lo determinaran".

Frente a este escenario, Wichmann diferenció el trato otorgado a los habitantes de Malvinas respecto del sesgo aplicado a los reclamos socioambientales del resto del país. Remarcó, como contrapartida, que la autodeterminación no es contemplada para las poblaciones del norte que rechazan la minería de litio, los pueblos fumigados con agrotóxicos o las comunidades patagónicas que se oponen a la instalación de salmoneras.

En cuanto a los pasos a seguir y las medidas impulsadas desde el espacio comunitario, la integrante de la asamblea confirmó la continuidad del plan de lucha en las calles mediante la realización de los tradicionales "atlanticazos".

Anunció la organización de una movilización multisectorial de cara a la sesión prevista en el Congreso Nacional para el 6 de agosto, donde se pretende tratar iniciativas que afectan la propiedad de la tierra, el manejo del fuego y el cuidado de los bosques. Concluyó ratificando la necesidad de disputar el sentido de la soberanía, desplazando los intereses de las corporaciones extranjeras para poner en centro el resguardo del territorio y de sus habitantes.

De cara a la sesión en el Congreso Nacional prevista para el 6 de agosto, la organización de Tierra del Fuego —integrada por la Asamblea Comunidad Costera, diversos colectivos ambientales, organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados— contempla un plan de acción que combina movilización en las calles y visibilización territorial.