Los referentes del mencionado sector impugnan la legitimidad de la comisión directiva actual y afirman que las autoridades de la seccional se encuentran en una situación de interinato de hecho, mientras se aguarda una resolución en los tribunales. El origen de la disputa se remonta al momento de la presentación de las listas de candidatos.

La información fue publicada por el portal “Del Lago Noticias”, donde se señala que Cristian Alejandro De Andrea, trabajador de la firma Carlos Bustamante y Asociados y referente de la línea opositora, detalló que el armado de su espacio buscaba “ofrecer una alternativa democrática para la conducción provincial”. No obstante, la Junta Electoral del sindicato rechazó la lista de manera directa, “omitiendo los plazos vigentes y negando la posibilidad de corregir las observaciones técnicas detectadas”, lo que motivó el inicio de las acciones legales.

La presentación judicial hace foco en una supuesta desobediencia de las normativas vigentes por parte de las autoridades del sindicato. Según argumenta De Andrea, “el Juzgado Federal emitió una medida cautelar que ordenaba frenar el acto eleccionario el mismo día de la votación”. La oposición asegura que la notificación oficial ingresó a la Junta Electoral cerca de las 19 horas, pero que el recuento de sufragios se ejecutó de todas formas, derivando en la posterior asunción de los dirigentes. La demanda solicita “la anulación total del acta de escrutinio” y promueve una investigación por el supuesto uso de documentación apócrifa.

Este planteo cuestiona la posición de Julio Ramírez, cuya representatividad como secretario General es desconocida por la facción disidente. Desde la óptica de la lista opositora, el mandato vigente caducó el pasado 14 de febrero y actualmente la sede gremial opera bajo la supervisión de un veedor enviado desde la federación central de Buenos Aires. En consecuencia, De Andrea manifestó que Ramírez debe ser considerado "un compañero más" hasta que los jueces se expidan sobre el fondo del asunto. Al mismo tiempo, añadió que "repudiamos todos sus dichos porque creemos que no reflejan la realidad que viven los trabajadores. Invitamos a una reflexión para que reconozca la situación que atraviesa la construcción en Tierra del Fuego".

Más allá del conflicto en los tribunales, el panorama sectorial en la provincia austral es crítico. Los referentes del sector opositor admiten que el freno total a la obra pública nacional pulverizó cientos de puestos de trabajo. Sin embargo, advierten que los emprendimientos privados continúan activos y que en ese sector se registran severas fallas de fiscalización laboral y precarización de los obreros. "Hay un abandono de años. No se está defendiendo al trabajador de la construcción y el gremio permanece cerrado para quienes quieren participar o impulsar cambios", sentenció De Andrea, intentando describir el panorama en los obradores.

A fin de ratificar su representatividad ante las autoridades competentes, la agrupación opositora adjuntó al expediente los avales correspondientes a las elecciones de delegados del 15 de agosto de 2024 en la constructora Carlos Bustamante y Asociados. En dicho proceso, De Andrea resultó electo como delegado del personal y José Bonacorsi como subdelegado por el término de dos años, habiéndose registrado el trámite correspondiente ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La resolución de este conflicto gremial queda enteramente supeditada a los tiempos de los tribunales federales, en un marco de recesión y desempleo que golpea con fuerza a la actividad local. La persistencia de la interna incrementa la incertidumbre sobre la representación de los trabajadores, en una provincia donde el sector de la construcción sufre de manera directa el impacto de la crisis económica.