En relación con las acciones legales emprendidas por los trabajadores frente a la cuestionada intervención del gobierno nacional, el dirigente gremial explicó que junto a la abogada Graciela Gaita agotaron la vía administrativa y optaron por presentar una medida cautelar. El objetivo principal es evitar un proceso eterno que termine destruyendo el puerto, buscando que la fiscalía se expida rápido en lugar de esperar que el expediente quede varado por años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al abordar la realidad económica de los operarios y la sustentabilidad financiera del organismo, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, por Radio Provincia, el referente de ATE confirmó que actualmente están cobrando los salarios, pero advirtió que los recursos tienen fecha de vencimiento. Según las cuentas del sector, la caja de ahorros propios del puerto alcanzará para cubrir los haberes por un período aproximado de quince meses antes de entrar en default, motivo por el cual la cautelar se volvió urgente para frenar el vaciamiento de las arcas locales.

Sobre el impacto cotidiano, por encontrarse sin prestar servicios normales debido a las restricciones operativas, Díaz manifestó el profundo malestar que genera el freno de las tareas habituales en una plantilla “que incluye a los maquinistas más experimentados de la Patagonia”. El delegado relató que la transición de una rutina intensa de trescientos sesenta y cinco días al año a estar metidos en un freezer provocó cuadros de ansiedad, contracturas y tratamientos psicológicos en el personal, que hoy solo realiza tareas básicas de mantenimiento.

Respecto al acompañamiento de los distintos sectores frente al avasallamiento institucional que sufre la terminal, el dirigente cuestionó con dureza la pasividad de la clase política y de las cámaras empresariales de turismo, hotelería y comercio. Manifestó que el único que se movió fue el fiscal de Estado junto al gobierno provincial, mientras que los empresarios armadores y las cámaras locales “parecen vivir en un cumpleaños pensando que todo va a salir bien, sin comprender que cuando comience la temporada alta el conflicto salarial va a estallar”.

En referencia al futuro inmediato del conflicto y las protestas sindicales planificadas, el entrevistado adelantó que se harán notar con fuerza durante una importante reunión del sector turístico programada para los primeros días de octubre. El dirigente advirtió de manera tajante que "cualquier persona, cuando ya le tocan el salario y que ya está en riesgo la posibilidad de llevar el pan a la mesa, ya está dispuesto a hacer cualquier cosa", por lo que ya coordinan las protestas por venir.

Al describir el estado actual de la infraestructura bajo la administración de la intervención nacional, el representante de los trabajadores denunció un abandono alarmante y desmintió las supuestas mejoras de seguridad que se anunciaron públicamente. Díaz disparó con indignación que "ANPyN vino a llevarse los fondos del puerto, a eso vino, nada más, porque de arreglos no hubo absolutamente ninguno" y detalló que pintaron una senda peatonal, pero descuidaron el cerco olímpico, permitieron el trabajo en altura sin protección y dejaron aplastados cinco gabinetes rotos con electricidad de trescientos ochenta voltios.

Finalmente, al evaluar la pérdida de competitividad frente a otros destinos regionales y la falta de control local sobre el área, el sindicalista lamentó la caída en las recaladas programadas de cruceros y calificó a la intervención como “un Estado independiente dentro de la provincia”. El delegado puntualizó que muchas navieras ya eligieron Chile como destino alternativo debido a la incertidumbre y criticó que ni las autoridades del Tribunal de Cuentas provincial puedan ingresar a controlar la terminal, “porque Prefectura les niega la entrada por orden directa de Buenos Aires”.