El comunicado recuerda que “Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos y, en forma independiente, representantes gremiales, han promovido distintas acciones ante la Justicia Federal cuestionando la legalidad de la intervención del Puerto de Ushuaia y solicitando medidas cautelares que suspendan sus efectos mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Convencidos de que este conflicto debe resolverse exclusivamente por las vías institucionales y dentro del Estado de Derecho, esperan una pronta definición judicial que restablezca la seguridad jurídica y permita recuperar la normalidad institucional del puerto”.

El texto, elaborado por trabajadores del puerto repasa que “En sus presentaciones, sostienen que la intervención del Puerto de Ushuaia generó consecuencias directas sobre los derechos laborales y sindicales, cuestionan la legalidad de la medida adoptada y solicitan, mediante medidas cautelares, la suspensión de sus efectos hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Asimismo, advierten que una demora en la definición judicial podría tornar ineficaz cualquier decisión futura, ya que, pese a tratarse de una intervención con plazo limitado, las decisiones y acciones que se vienen adoptando evidencian una vocación de permanencia que excede ampliamente los doce (12) meses previstos, dando la impresión de que no existe una intención real de retirarse sino de consolidar un control sostenido sobre el puerto”.

Advirtiendo que “Además, los trabajadores sostienen que el conflicto trasciende la afectación de sus derechos laborales. Más de 140 familias dependen directa e indirectamente de la continuidad y estabilidad de la Dirección Provincial de Puertos, y manifiestan su preocupación porque, desde la intervención, los ingresos que genera la operatoria del Puerto de Ushuaia ya no ingresan a la Dirección Provincial de Puertos sino que son depositados en cuentas pertenecientes a la Administración General de Puertos (AGP) en liquidación. Entienden que esta situación compromete la autonomía financiera del ente autárquico provincial y genera una creciente incertidumbre respecto de la sustentabilidad económica del organismo y la preservación de las fuentes de trabajo”.

Más adelante, se indica que “Quienes impulsaron estas acciones no buscan profundizar el conflicto, sino obtener una respuesta judicial que aporte previsibilidad y seguridad jurídica para todas las partes involucradas”.

“Los trabajadores quieren dejar en claro que no buscan generar conflictos que afecten la operatoria del Puerto de Ushuaia ni el desarrollo de la próxima temporada de cruceros. Por el contrario, el objetivo de acudir a la Justicia es precisamente encontrar una solución institucional que permita superar el conflicto antes del inicio de la temporada, brindando previsibilidad a operadores marítimos, navieras, empresas, turistas y a toda la comunidad vinculada con la actividad portuaria”, se remarca.

Repasando que “El Puerto de Ushuaia constituye un eslabón estratégico para la actividad turística, logística y comercial de Tierra del Fuego. En este contexto, los trabajadores subrayan la necesidad de que la ciudad recupere y fortalezca su imagen ante el turismo internacional, especialmente luego de situaciones recientes que generaron preocupación, como las noticias vinculadas al hantavirus y el episodio del buque Hondius. Consideran fundamental transmitir tranquilidad y confianza para garantizar una temporada en paz”, señala el texto difundido.

Luego se indica que “La próxima temporada de cruceros representa una oportunidad clave para la provincia. Los trabajadores confían en que una resolución oportuna contribuirá a consolidar la estabilidad necesaria para que operadores marítimos, empresas, turistas y todos los actores vinculados al puerto puedan desarrollar sus actividades con normalidad, previsibilidad y confianza”.

Finalmente, se expresa que los trabajadores del puerto “Con ese espíritu, reiteran su respeto por las instituciones y expresan su expectativa de que la Justicia brinde una respuesta en un plazo razonable, resguardando los derechos en debate y el interés general que implica el normal funcionamiento del Puerto de Ushuaia”.