Tras el último plenario de la CONADU Histórica, el secretario Adjunto de la mencionada federación analizó en diálogo con el programa “Desde las Bases”, por Radio Provincia, el rechazo mayoritario que tuvieron en el plenario para la oferta salarial de la gestión de Javier Milei. Mencionando que “Aunque el resto de las federaciones firmó el acuerdo, la CONADU Histórica optó por mantener una postura firme”, ante un incremento que consideran insuficiente en comparación con la Ley de Financiamiento que debe ser reconocida por el Gobierno nacional.

Frente a las posturas más radicalizadas que buscan romper la alianza con los rectores y los estudiantes, se reivindicó “la necesidad de sostener un frente amplio y dinámico como única herramienta para torcerle el brazo al Gobierno nacional”. Asimismo, alertó sobre los peligros de “dejar el futuro de la educación pública en manos de una Corte Suprema propensa a la convivencia espuria con el poder político de turno”.

El plenario de la CONADU Histórica dejó un saldo claro y mayoritario, aunque no unánime, a favor del rechazo a la última propuesta salarial de la Casa Rosada. La decisión se fundamentó en múltiples factores, empezando por “un porcentaje del 21,33% para junio que resulta escaso frente al más del 50% que correspondería si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario”. A pesar de la negativa, dijo que “las bases percibirán el aumento debido al aval del resto de las organizaciones, un escenario que reabrió discusiones internas sobre supuestas extorsiones en la negociación”. Sin embargo, el debate económico quedó en un segundo plano “frente a una discusión política mucho más profunda y discursiva que apunta a cómo se cocina el proceso paritario y la percepción de que a veces se intenta tranzar a espaldas de los trabajadores y los estudiantes”, indicó Vallejos.

"Hay que tener un frente universitario que tenga a los gremios, a los rectores en el CIN y a la Federación Universitaria Argentina juntos", sostuvo Oscar Vallejos, marcando una clara distancia con los sectores minoritarios de perfil “más sectario que rechazan cualquier alianza con las autoridades universitarias o con la conducción estudiantil de la FUA”. Para el secretario Adjunto, esa postura aislacionista “habría dejado al gremio marchando en soledad, perdiendo la simpatía y el acompañamiento masivo que la ciudadanía general demostró en las calles. La cohesión de la comunidad universitaria fue lo que permitió parir y defender la ley de financiamiento en el Congreso, desarmando los discursos de las corrientes radicalizadas”, que tildaban a la vía legislativa como una "falsa opción" destinada a vaciar las calles, advirtió.

El dirigente también identificó una estrategia de "inversión retórica" por parte del Ejecutivo nacional, al que acusó de pretender instalar que defiende la educación pública mientras ahoga sus recursos. En ese contexto de asimetría total frente a la patronal, la ley se convirtió en una herramienta indispensable para obligar al Estado, aunque hoy se encuentre congelada y judicializada. La mutación del escenario obligó al sindicalismo clásico a abandonar la comodidad de la mesa paritaria tradicional para volcarse a una "diplomacia sindical activa", negociando bloque por bloque con legisladores para resistir los vetos presidenciales y los intentos oficiales de derogación mediante la ley de presupuesto.

"Los frentes tienen esa trabajosa situación de articular tradiciones y ritmos diferentes", admitió, al explicar que la convivencia con el Consejo Interuniversitario Nacional requiere un esfuerzo constante de adaptación, especialmente tras el recambio que puso al radicalismo a la cabeza del organismo. El pacto actual implicó un alivio presupuestario mínimo para el funcionamiento básico, la investigación y los hospitales universitarios, pero exhibió su peor hilacha en el congelamiento de las becas Progresar. Esta falencia motivó movilizaciones estudiantiles recientes, demostrando que para la CONADU Histórica la defensa de la universidad pública no funciona como “una coartada corporativa por el sueldo, sino como una militancia por la justicia social”, remarcó.

Finalmente, el panorama judicial en el horizonte genera más dudas que certezas. Con causas clave encajonadas en el Palacio de Tribunales, como el destino del decreto 70/23 o la reforma laboral, las expectativas sobre el rol de la Corte Suprema son sombrías. El gremialista recordó los “cuestionables antecedentes de convivencia política de los magistrados con el poder de turno y los recientes nombramientos cruzados de familiares en la justicia santafesina, elementos que diluyen cualquier garantía republicana”. Ante la falta de certezas en los despachos judiciales, “la única alternativa para el sector educativo radica en robustecer la capacidad de convocatoria, la articulación con otros sectores en lucha y la resistencia colectiva”, concluyó Oscar Vallejos.