Según Furlan, la situación actual de la industria y la avanzada sobre la organización sindical “no responden a hechos aislados ni a la casualidad”. Dijo que existe “una línea muy clara” desde que asumió la gestión de Javier Milei que apunta “al sometimiento de la clase trabajadora, la desindustrialización y la pérdida de soberanía nacional”. El avasallamiento contra el gremio busca callar una de las voces que más viene denunciando el ajuste en el país, utilizando argumentos que “no tienen ningún punto de contacto con la realidad que se vive en las fábricas”.

“La resistencia no se va a quebrar por un fallo judicial, porque la voluntad de los trabajadores metalúrgicos sigue firme de cara al atropello. Hay una decisión tomada de sacar fuerza de donde no hay para transformar una realidad que golpea a los sectores populares, con la certeza de que la base trabajadora sigue siendo mayoría y mantiene la guardia alta”, advirtió el secretario General de la intervenida UOM nacional.

La batalla legal en los tribunales

Frente a la embestida, la estrategia de la organización ya se despliega en diversos frentes judiciales sin descuidar la legislación vigente. Se presentaron las denuncias correspondientes ante la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que se están violando tratados internacionales fundamentales. En el plano local, las presentaciones llegaron al Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia.

Los argumentos de la defensa gremial sostienen que no hay justificación para que los metalúrgicos “sufran las consecuencias de una resolución dictada por un tribunal corrupto. La pelea actual se plantea en las calles y en los despachos para reconquistar un espacio que le pertenece legítimamente a sus afiliados”, expresó.

El trasfondo de la reforma y el peligro en el sur

“El plan oficial avanza de manera integral mediante el achique del poder adquisitivo, la flexibilización de las condiciones de trabajo y el control de los sindicatos. El objetivo de fondo es imponer medidas que fuercen la sumisión de los asalariados y anulen la capacidad de protesta en todo el territorio nacional”, indicó Furlan.

La preocupación se extiende de manera urgente hacia Tierra del Fuego, por el panorama actual, ya que el proceso de desindustrialización amenaza directamente la continuidad de los puestos laborales. “El conflicto actual supera las fronteras de una discusión dirigencial y se transforma en una causa colectiva, ya que nadie puede asegurar la continuidad del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Existen sectores concentrados que buscan el fin de ese beneficio para despoblar la Patagonia, facilitando la entrega de los recursos naturales para que cuatro vivos se queden con la riqueza del país”, alertó finalmente Furlan.