“Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, enfatizó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional y anticipó que “el FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes”, completó el dirigente estatal.

Desde el gremio advirtieron que la ley “permite a los empleadores descontar de sus contribuciones al sistema previsional el mismo monto que aportan al FAL. En la práctica, las empresas dejan de pagar las indemnizaciones por despido directamente, y estas pasan a ser cobradas por los trabajadores a través de un fondo financiado con sus aportes jubilatorios”.

“La Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de aquellos que han sido los más afectados por el programa económico de Milei, que son los jubilados”, concluyó el dirigente estatal.

El desfinanciamiento se estima en no menos de 3.000 millones de dólares anuales. Si el porcentaje aportado al FAL alcanza su tope del 3%, el sistema previsional perderá el 16,5% de sus ingresos, todo esto en un contexto donde el sistema ya hoy no alcanza a cubrir las prestaciones vigentes.

“El FAL afecta principios esenciales de nuestro sistema previsional, entre ellos el derecho a la seguridad social, la movilidad jubilatoria, la solidaridad como eje rector del sistema y la sustentabilidad del régimen previsional argentino”, señaló por su parte Noelia Guzmán, presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE y completó: “Si no frenamos esto ahora, mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras. Es un ataque directo a la Seguridad Social”.

La demanda es contra el artículo 76 de la ley de Reforma Laboral y el artículo 24 del Decreto 408/2026. Se presentó como un reclamo colectivo en favor de todos los jubilados, pensionados y trabajadores que aportan al sistema estatal (SIPA). El objetivo es que la decisión final del juez proteja a todas las personas del sistema, y no solo a los afiliados del sindicato ATE. Además, se pidió una medida cautelar para frenar la aplicación de las normas mientras se define el juicio.

El sindicato señaló que la ley es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis —que protege a los trabajadores y jubilados— y los tratados internacionales de derechos humanos que el país se comprometió a respetar, especialmente los que defienden a las personas mayores.