El proyecto advierte sobre el riesgo de perder parte del patrimonio histórico y funerario de la ciudad debido a la falta de un mecanismo de evaluación previo a las exhumaciones. Actualmente, los avisos oficiales otorgan apenas cinco días para formular reclamos, sin existir un procedimiento legal claro ni medios de notificación expresamente regulados.

La iniciativa propone la creación de una “Comisión Evaluadora de Memoria Funeraria”, integrada por representantes del Municipio, del Concejo Deliberante y de instituciones vinculadas a la historia local, con el objetivo de analizar la trayectoria y el aporte comunitario de cada persona antes de adoptar una decisión irreversible.

“El Cementerio Municipal también forma parte de la identidad colectiva de Río Grande. No podemos permitir que, por vacíos normativos o cuestiones meramente administrativas, terminemos perdiendo los restos de antiguos pobladores, vecinos históricos o personas que tuvieron un rol importante en la construcción de nuestra ciudad”, expresó la concejala Florencia Vargas.

El proyecto además recuerda que actualmente ya existe normativa municipal que protege a antiguos pobladores y reconoce el valor histórico y cultural de determinados restos mortales.

Entre otros puntos, la ordenanza establece: La publicación obligatoria y amplia de los avisos de exhumación; plazos formales para presentaciones y reclamos; mecanismos de participación ciudadana y criterios objetivos de evaluación histórica, social, cultural e institucional antes de cualquier traslado al osario común.

La propuesta busca garantizar que ninguna exhumación administrativa avance sin una evaluación previa que permita resguardar la memoria, la historia y el patrimonio funerario de Río Grande.