Dos de los imputados están acusados por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en Barrancas del Río Pipo.

Según la acusación, habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, entre ellas empleados estatales y afiliados al gremio, recibiendo a cambio dinero, vehículos, cheques y otros bienes.

De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían concretado mediante el aprovechamiento de funciones gremiales, gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que presuntamente no correspondían al universo legítimo de beneficiarios.

En tanto, el tercer imputado será juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos. La acusación sostiene que habría intervenido en operaciones relacionadas con maquinaria vial, cheques y contratos que buscaban dar apariencia lícita al origen de fondos y bienes provenientes de los hechos investigados.

El Tribunal estará presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con vocalías de los Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. El Ministerio Público Fiscal será representado por el Dr. Daniel Curtale.

La defensa de los imputados estará a cargo del Defensor Público Dr. José María Fernández López, la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.

Por su parte, la querellante Daniela Soledad Tapponier participará del juicio con el patrocinio letrado del abogado Enrique Hernández Arriagada, en tanto que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lo hará representado por su equipo de abogados.

Para el desarrollo del debate está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cifra todavía debe ser confirmada.

Los imputados son el responsable del área de Vivienda de ATE, Miguel Angel Arana; Carlos Córdoba, como secretario General del gremio y Erik Enrique Moscoso Panozo, un agente externo a ATE, quien será juzgado por el delito de “lavado de activos”.

Disponen un operativo especial de seguridad

También se informó que habrá restricciones vehiculares y controles policiales durante el desarrollo del debate oral

El Poder Judicial dispuso una serie de medidas de seguridad para “garantizar el normal desarrollo del juicio oral y público”, según dijeron, en el edificio de Tribunales de Congreso Nacional 502.

Las disposiciones alcanzan tanto al personal judicial que cumple funciones en el lugar como a las personas que concurran a utilizar el servicio de justicia.

Durante la jornada del debate y los días subsiguientes estará restringido el acceso vehicular y la circulación en las calles que rodean el edificio judicial: 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional.

En ese marco, quienes deban asistir a Tribunales deberán tener en cuenta que no podrán utilizar los espacios de estacionamiento ubicados dentro del perímetro afectado por el operativo.

El control y cumplimiento de las medidas de seguridad estará a cargo de efectivos de la Policía Provincial.