La referente del bloque legislativo de Republicanos, convocó para el miércoles 29 de mayo desde las 11 h, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad, Relaciones Institucionales, Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos. El primer tema que abordarán en el encuentro, será el asunto 236/23 del bloque del MPF proyecto de Ley de autoría del legislador Pablo Villegas, que declara la emergencia de la infraestructura de las Unidades de Detención provinciales.

En el articulado de la futura norma, busca resolver “el déficit del cupo penitenciario y la sobrepoblación en lugares de detención. Lograr que las personas privadas de libertad sean efectivamente sujetas a un tratamiento interdisciplinario de progresividad que le permita adquirir la capacidad de respetar y comprender la Ley”.  Que se comprenda la “gravedad de sus actos y de la pena impuesta, alcanzar su resocialización y posterior inserción en la comunidad”.

Pero, además, el asunto tiene como finalidad que se afronten los “aspectos de construcción; edificación; refuncionalización, mejoramiento y ampliación de la infraestructura edilicia para inmuebles afectados al Servicio Penitenciario relacionados exclusivamente con lugares de detención como por ejemplo: Pabellones; celdas; sanitarios, espacios educativos de rehabilitación o reinserción”.

Para ello, el proyecto en su artículo cuarto plantea como procedimiento que “se establezca con carácter de interés público provincial la adopción y ejecución del Régimen de Contratación de Participación Público y Privada, previsto por Ley Provincial 1161, a fin de resolver las necesidades que en materia de infraestructura ameritan la declaración de emergencia indicada en el artículo primero. A tales efectos se podrá incluir los servicios de seguridad electrónica, alimentación, salud, cultura y esparcimiento”.

Para ese debate, cursaron invitación al viceministro de Coordinación de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals y al director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.

Vale señalar que, en países de la región como Chile, Brasil y México existen cárceles con sistemas de gestión mixta y participación privada, los cuales son mirados de manera crítica por diferentes organismos de Derechos Humanos.