Itai Hagman nació el 13 de febrero de 1983 en Jerusalén, a donde se exiliaron sus padres argentinos. Después volvieron a Buenos Aires. Hagman tuvo un paso fugaz por las divisiones inferiores de All Boys, pero después estudió economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y educación popular en la de las Madres de Plaza de Mayo. Fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), es diputado oficialista por la Ciudad y busca su reelección, pero además es el economista de cabecera del precandidato presidencial Juan Grabois, de Unión por la Patria (UP).

 

—¿Cuál sería el plan económico de un gobierno de Grabois?

 

—Tenemos un planteo de avanzar en un programa de estabilización, por usar el término clásico. Hay condiciones para hacer un programa de estabilización que sea expansivo y distributivo. Que no sea un programa de ajuste y devaluación, que es lo que están planteado distintos sectores de la oposición. La estabilización que nos imaginamos implica en un primer punto central la renegociación del acuerdo con el Fondo. En marzo del año pasado, cuando se discutió el acuerdo con el Fondo, había dentro de lo que era el Frente de Todos dos posiciones, una que sostenía que el acuerdo, que decía que iba a ayudar a tranquilizar la economía, es decir, bajando la inflación gradualmente, y quienes sosteníamos que no, que el acuerdo en el Fondo tenía perjuicios. En este momento los números son bastante contundentes. La economía está más intranquila después del acuerdo con el Fondo que antes. Eso tiene que ver con aspectos puntuales del acuerdo, pero también tiene que ver con un problema general que hace a la historia económica argentina. Somos un país con una historia de las últimas décadas de inestabilidad fundamentalmente cambiaria. De ahí se derivan las otras inestabilidades. Con las revisiones clásicas trimestrales del Fondo y en una situación de escasez de divisas, se genera una expectativa permanente de riesgo de default, que es lo que está pasando exactamente en estos meses. Frente a eso, los actores económicos se cubren y juegan en el contexto de ese riesgo, y así es imposible estabilizar la economía. Entonces la rediscusión del acuerdo con el Fondo es un primer punto. Eso nos lleva a un terreno más político que económico, porque la discusión de qué tipo de acuerdo se puede hacer es una cuestión 100% política. Es condición indispensable un conjunto de políticas económicas que nos permitan aprovechar lo que a partir del año que viene y el siguiente. En eso hay bastante coincidencia: habrá una situación más holgada para la Argentina en materia de divisas. Primero, porque no vamos a tener la sequía que tuvimos este año, pero además por el ahorro energético con el gasoducto, posibilidades nuevas de exportación tanto por la vía del gas como por la vía del litio. Es utilizar esa posición holgada en materia de divisas que puede ser parecida a la que hubo en los primeros dos años de este gobierno, pero que se desaprovechó para recapitalizar el Banco Central. Un proceso de acumulación de reservas podrá ser un proceso de estabilización. Nosotros le agregamos otros condimentos, algunos clásicos como, por ejemplo, acuerdos de precios, pero también la posibilidad de explorar un proceso de convergencia monetaria a escala regional. Por la historia particular argentina, el peso es una moneda que tiene hoy una debilidad difícil de remontar. Por eso surgen propuestas como la dolarización y toman fuerza. Nosotros creemos que sería potenciar los peores rasgos de la economía bimonetaria que tenemos, pero que podemos tratar de revertir sus problemas avanzando en un proceso de convergencia a nivel regional, sobre todo con Brasil, pero también con los otros vecinos. No es un proceso de un día para el otro, pero nos permitiría tratar de explorar la construcción de una moneda fuerte que nos haga ir saliendo gradualmente del dólar. Ahora está también la discusión de la posibilidad de la moneda de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Hay que ver cómo avanza eso, pero la idea es tener como referencia una moneda fuerte que nos permita ir en un proceso de desdolarización tanto de los ahorros como de los saldos comerciales, porque hoy todos los saldos comerciales se saldan en dólares, incluso los que tenemos con nuestros vecinos. Existe un sistema de medios de pago en moneda local por un acuerdo regional pero que no se utiliza bien. Así que vemos un contexto macroeconómico que se puede dar el año que viene y sea expansivo y combinable con un aumento del poder adquisitivo de salarios reales. El último punto que olvidé mencionar es la presión fiscal. Es posible y deseable avanzar en este contexto macroeconómico en un equilibrio fiscal. No porque pensemos, como piensan los economistas de la oposición, que el déficit fiscal sea la causa del problema macroeconómico. De hecho, la gran mayoría de las economías del mundo funcionan con déficit fiscal y no tiene los problemas inflacionarios ni de debilidad de su moneda que tiene la Argentina. Pero sí es cierto que en un contexto como la Argentina, de escasez de divisas y de inestabilidad cambiaria, la convergencia fiscal te ayuda.

 

—¿Cómo se logra esa convergencia?

 

—Es perfectamente posible avanzar en un equilibrio fiscal, no por la vía del ajuste de políticas sociales, de inversión educativa, de obra pública, sino por la vía de continuar con la progresividad de los subsidios energéticos, pero también avanzar por la vía de los ingresos, sobre todo por la cuestión de lo que se llama el gasto tributario, que son todas las exenciones impositivas por distintos regímenes de promoción, que son 4,5% del PBI. Lo lo planteó Cristina [Fernández de Kirchner] en su última charla en La Plata cuando se preguntó cuánto representan los planes sociales en el producto y cuánto, las exenciones tributarias. Creemos que es posible avanzar a una convergencia fiscal, no por la vía del ajuste, sino por la vía de mejorar la progresividad tributaria porque tampoco el déficit es tan grande como para hacerlo por esa vía. Entonces eso permite que se pueda hacer el equilibrio fiscal sin reducir la masa salarial, entre otras medidas que está pidiendo el FMI hoy. Pensamos que hay otro camino, pero implica un componente muy fuerte de autoridad política que solamente puede hacer un nuevo gobierno.

 

—¿La consolidación fiscal hay que hacerla de manera gradual o hay que llegar rápido al déficit cero en el primer año, como quiere, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta?

 

—Depende de por qué vía vayas. Es difícil imaginar cómo podés hacerlo en el primer año que no sea por la vía de un ajuste fuerte. Se exageran las propuestas de déficit cero de corto plazo. La velocidad va a depender de la capacidad de construir los consensos políticos suficientes para avanzar por la vía de la mejora de la recaudación. Por ejemplo, si uno puede hacer la reversión del impuesto a las Ganancias de jueces y funcionarios del Poder Judicial, o si puede avanzar en la discusión de regímenes de promoción industrial determinados que no tienen sentido que el Estado esté subsidiando, si uno puede avanzar en Bienes Personales, que es un impuesto progresivo y tiene un montón de exenciones muy discutibles, por ejemplo, a los inmuebles rurales o los depósitos bancarios, aunque a estos tienen algún sentido mayor por la cuestión de la salida de capitales de nuestro país. Pero también es injusto porque una persona que tiene millones y millones de dólares no paga impuestos a la riqueza. Efectivamente, el gasoducto permite que el año que viene podamos ahorrar no solamente divisas, sino subsidios. Si vos sacás los subsidios de un día para el otro, es un tarifazo. Ahora, si vos sacás los subsidios porque aumentás progresivamente las tarifas, pero reduciendo también el costo gracias al gasoducto y al autoabastecimiento energético, podés reducir fuertemente los subsidios sin que la contracara sea un tarifazo. Estamos cerca de eso.

 

—Sergio Massa había propuesto en el proyecto de presupuesto 2023 discutir todas las exenciones y allí decía que las del Poder Judicial son 0,16% del PBI, las de prestaciones médicas, obras sociales y al PAMI, 0,21%; el IVA a carnes y frutas, 0,3%, pero es justo atender a sectores por el consumos de alimentos; y un rubro grande es promoción de Tierra del Fuego, 0,35%. Cuando oigo de los gastos tributarios, pienso están apuntando contra la electrónica de Tierra del Fuego, además del Poder Judicial...

 

—El régimen obviamente hay que discutirlo. Sé que es un tema polémico. De hecho, una pequeña modificación sobre ese régimen hicimos en el Congreso, pero tiene su fundamento de origen. Hay que pensar cómo hacer para que no le cueste al Estado lo que le cuesta, sobre todo en un contexto donde el Estado no tiene los recursos para destinarlos a eso. No digo eliminar el régimen de un día para el otro, pero pensar cómo se puede hacer una transición. El tema de exenciones impositivas y de las alícuotas partidas del IVA, ver cuáles sí y cuáles no. Hay reducción de alícuotas de IVA que tienen sentido, pero otras no, no es lo mismo alimentos que medicina prepaga. Hay otros regímenes de promoción como a la industria del conocimiento, de software que, cuando está orientado a emprendedores pequeños, a pymes, tienen un sentido, pero cuando terminan beneficiándose grandes grupos que hoy tienen posiciones cuasimonopólicas en algunos rubros como Mercado Libre, por ejemplo, no sé si tienen sentido. Porque la promoción industrial es para cuando una empresa está naciendo, está creciendo y vos la apoyás para fomentarla. Pero cuando se transforman en grandes grupos económicos, no tiene sentido seguir subsidiando. Entonces me parece que hay que hacer una revisión punto por punto. Hay tributos que se pueden hacer más progresivos, no crear nuevos. Por ejemplo, el mal llamado impuesto a las ganancias es otro tema polémico. Debería llamarse impuesto a los altos ingresos. ¿Qué porcentaje de la población que tiene ingresos por un trabajo en relación de dependencia tiene sentido que tribute? Siempre se discute el mínimo no imponible, cuál es el piso, pero no se discuten las escalas. Hoy 10% de las personas pagan ese impuesto. Conservando ese espíritu, se podrían hacer más progresivas las escalas de los ingresos más altos. Después está el tema de las retenciones para llegar al equilibrio fiscal. Este año tenemos una caída brutal de recaudación por ese tema. En fin, la palabra ajuste es engañosa. Porque depende de qué ajustes. Se puede reducir el gasto público en un sentido equivocado o sin tocar nada que tiene que ver con los derechos fundamentales, ni la educación, ni la salud, ni el laburo, ni las políticas sociales.

Fuente y foto: Eldiarioar.com

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