La Resolución 760 del Ministerio de Trabajo exige que las ART remitan al organismo información detallada sobre “las acciones donde la demanda plantee la inconstitucionalidad de la legislación vigente”. Ese extendido recurso permite a los trabajadores acceder a los tribunales sin atravesar la instancia médico-administrativa obligatoria establecida a comienzos de año.

Entre los datos que abastecerán al Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (Sirel) figuran los nombres de los trabajadores que demandan y de sus abogados. Desde organizaciones como la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal cuestionaron la medida por considerarla “una violación a la privacidad”. Advirtiendo que el uso de los datos recolectados por el sistema equivale a la creación de “listas negras” para presionar a la Justicia. Evalúan presentar un amparo en la justicia.

A comienzos de año el Gobierno de Mauricio Macri pretendió atacar la “litigiosidad” restableciendo la obligatoriedad de las comisiones médicas previo al inicio de una acción judicial. “Con el objeto de evadir esa instancia administrativa previa y obligatoria, se han interpuesto distintos planteos de inconstitucionalidad ante los fueros que conforman la Justicia Nacional”, expresa en los considerandos la resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial.

El diagnóstico del gobierno, las aseguradoras y las empresas es que la elevada cantidad de juicios por accidentes y enfermedades laborales responde a la “mafia” de los abogados. Los letrados y los sindicatos rechazan esa interpretación. Apuntan, en cambio, contra las altas médicas apresuradas, las bajas reparaciones, el reducido listado de enfermedades, la negativa de las ART a cubrir reagravaciones, la ausencia de prevención y seguridad laboral.

Fuente: Página 12