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Provinciales | 9 ago 2022

GUSTAVO LIZARZUAY (UEJN)

“Una vez que pase la intervención, acá queda tierra arrasada”

Quien fue electo como secretario Adjunto en los últimos comicios de la UEJN, volvió a reclamar asumir en el gremio y aseguró que no saben “a ciencia cierta” hasta cuando continuará la intervención. Aseguró que hay un preocupante proceso de desafiliaciones, pérdida de convenios con comercios y cese de servicios. Afirmó que “una vez que pase la intervención, acá queda tierra arrasada”. Reclamó que sean separados quienes habrían sido denunciados por irregularidades y que el resto de los dirigentes puedan asumir.


Gustavo Lizarzuay, electo como secretario Adjunto de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación por la lista Celeste y Blanca, volvió a reclamar la posibilidad de asumir en el cargo para el cual fueron elegidos como Comisión Directiva de la Seccional 1. En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, el referente gremial comenzó señalando que tendrían “que haber asumido en los cargos el día 27 de julio, pero finalmente, porque la intervención continuó y se prorrogó por 60 días más, aún no podemos tomar posesión de los cargos”.

“Lo cierto es que, a ciencia cierta, no sabemos cuándo va a finalizar este intervención. Sabemos por el sindicato a nivel nacional, por las voces de (l secretario General de la UJEN) Julio Piumato y por la secretaria Adjunta de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación a nivel nacional, Maia Volcovinsky, que no vamos asumir en los cargos hasta tanto no aceptemos mezclar las listas y fusionar la mitad de la Comisión que ganó, con la mitad de la que perdió”, advirtió.

Pero aseguró que ellos no están “de acuerdo con esa condición para poder asumir, porque nosotros creemos que la democracia que se vio reflejada el 17 de mayo no va con este pedido que está haciendo expresamente la dirigencia nacional. Nos parece un despropósito y una falta de respeto para quienes participamos de las elecciones, para los afiliados y afiliadas y para la democracia en su conjunto”.

Aparte, el sindicalista dijo que es “aberrante el hecho de menospreciar un acto democrático, más cuando sabemos en este país lo que es no tener democracia. Entonces, nos parece que la imposición que nos quieren hacer hoy es totalmente brutal”. Lizarzuay señaló que se encuentran en condición de electos pero intervenidos, por ese motivo dijo que hicieron una presentación de cartas documento a la junta nacional electoral, para que les restituya el cargo “que legítimamente ganamos el 17 de mayo”.

Por otra parte, señaló que están “a la espera de los 10 días que demanda la legislación por el tema de las cartas documento, finalizado se plazo presentaremos los recursos necesarios como para que nos entreguen los mandatos. El dirigente judicial también mencionó que el pasado viernes “se hizo una ceremonia de entrega de los diplomas en Buenos Aires, en Capital Federal, por parte Julio Piumato y toda la conducción nacional a los integrantes de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación de las seccionales y regionales que fueron electos en todo el país. Pero a nosotros nadie nos llamó, ni nos invitaron a recibir nada, porque por supuesto estamos intervenidos. Pero nos has asombro mucho ver la figura de Fabián Igarzabal, de Andrea Borrell y Mercedes Sosa, que son representantes de la lista Marrón, que perdieron en las últimas elecciones acá en la Seccional Número Uno; recibiendo una mención por parte de Julio Piumato y nombrándolos como si fueran expresamente -según dijo- el presente y futuro de la seccional acá en Tierra del Fuego. Cuando el presente es quien habla y todo el grupo de gente que me acompaña a mí, acá en Río Grande, y a Daniel Vidal en Ushuaia”.

En otro orden, en referencia a la denuncia penal que habría hecho tanto la intervención como el oficialismo a nivel nacional; apuntando a Luis Bechis, Lucas Méndez y Daniel Vidal, por supuestos delitos que habrían cometido durante su desempeño en la conducción del gremio, mencionó que ellos nunca se opusieron a la intervención, por lo menos aquí en Río Grande, según señaló Lizarzuay, asegurando que como sector no van en contra de lo que marca el estatuto como posibilidad para la conducción nacional. Pero señaló que entendían que, después de la intervención, se iba a entregar la conducción del gremio a quienes fueron electos en las elecciones del 17 de mayo. Por lo cual dijo que reclaman que se entregue el sindicato “a quienes estamos en condiciones de recibirlo”.

Dijo que aceptan que sean separados de los cargos aquellos que están siendo investigados y estimó que dichos lugares serían ocupados por quienes fueron electos como vocales, pero volvió a reclamar “la posibilidad de asumir y ponernos a trabajar para los afiliados y las afiliadas de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación de Tierra del Fuego, para lo cual fuimos electos”, remarcó el sindicalista.

Además, mencionó que todavía no tienen “un número de causa o la caratula de la supuesta denuncia penal que hicieron, tampoco hay un juzgado penal que esté interviniendo, entonces queremos que clarifiquen esto. Que den los números de causa, las carátulas y que se aparte a las personas -en caso de corresponder- que estén involucradas en la investigación para ver si cometieron algún tipo de delito. Pero que el resto de las personas podamos acceder a la dirigencia de la seccional, porque nosotros nada tenemos que ver con la conducción anterior, somos una comisión nueva que fue electa”, insistió.

Lizarzuay, también se refirió a cómo está impactando esta situación entre afiliados y afiliadas a la Unión y confirmó que hay un número importante de desafiliaciones al sindicato, indicando que “en cuestión de 20 días tuvimos cerca de 20 desafiliaciones, ahora sabemos que estamos cerca de las 40 a nivel provincial, en un padrón de 450 de los cuales 150 que son magistrados y funcionarios que figuran como adherentes. Pero las personas que se están yendo, en general, son los empleados no son los magistrados ni funcionarios. Estamos esperando que termine de una vez por todas todo esto, porque el daño que le están haciendo a la seccional es terrible”, afirmó Gustavo Lizarzuay.

Igualmente, confirmó que en este periodo se cayeron servicios sociales, convenios que tenían con comercios a los cuales “a la fecha se llevan meses sin pagar las deudas, por esta intervención, e incluso aquellos que están cobrando en cuotas dichas deudas ya están señalando que después no que quieren seguir trabajando con el sindicato. Una vez que pase la intervención, acá queda tierra arrasada”, aseguró.

Para concluir, indicó que les queda “la vía legal que es el recurso de amparo, ante el silencio de la junta electoral, un ámbito en el cual es complicado encontrar una respuesta porque también la maneja Julio Piumato. Es como que todo hace ver que tenemos una negativa por anticipada, pero presentaremos los recursos de amparo necesarios para que la justicia sea quien determine cómo tiene que continuar este gremio y como tiene que continuar conducido, si por la conducción que fue electa en las elecciones o sigue una intervención quien sabe hasta cuándo”, concluyó.

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