Cuestionamiento por la habilitación de megayates y helicópteros en el Parque Nacional

La habilitación otorgada a finales de octubre de 2026 en el Parque Nacional Tierra del Fuego desató una profunda controversia institucional y jurídica en la provincia. La medida habilita el ingreso de embarcaciones de gran porte y traslados aéreos en un ecosistema frágil, mientras diversos sectores exigen explicaciones detalladas sobre los fundamentos legales de la decisión y los controles ambientales que se aplicarán en el área protegida durante las operaciones comerciales.

Una autorización de la Administración de Parques Nacionales encendió las alarmas en Tierra del Fuego tras conocerse que la empresa Ushuaia Shipping obtuvo el permiso para operar con tres megayates en Bahía Lapataia y trasladar pasajeros en helicóptero dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, pese a las objeciones ambientales que, según la denuncia de la organización Manekenk, habían expresado los especialistas del área protegida.

La habilitación fue formalizada el 27 de octubre de 2026 mediante una nota firmada por Marcelo Almirón, intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego. Las operaciones están previstas entre el 12 y el 18 de noviembre e involucran a los yates Lonian, Hodor y Sherakhan. Según la información difundida por medios fueguinos, un equipo técnico integrado por siete especialistas había cuestionado la actividad por considerarla incompatible con las normas vigentes y advertir sobre sus posibles consecuencias ambientales, aunque la autorización avanzó de todas formas.

La denuncia ambiental advierte sobre los posibles daños que podrían provocar las operaciones en Bahía Lapataia. Entre los riesgos señalados se encuentran la alteración del lecho marino por el fondeo de grandes embarcaciones y las perturbaciones sobre la fauna autóctona debido al ruido de los motores y las aeronaves. El informe técnico mencionado por la organización también habría advertido sobre posibles impactos en los bosques de cachiyuyo y en especies como el huillín, el cauquén caranca y el quetro austral.

Uno de los puntos más delicados es la utilización de helicópteros. La Ley Nacional 22.351, modificada por la Ley 26.389, establece restricciones a los sobrevuelos de aeronaves impulsadas a motor dentro de los parques nacionales y contempla excepciones específicas entre las cuales no figuran expresamente los vuelos turísticos. Por eso, la autorización exige ser examinada a la luz de la legislación ambiental y de los fundamentos jurídicos utilizados para permitir las operaciones, ya que la existencia de un permiso administrativo no elimina la obligación de cumplir las normas de conservación.

La controversia jurídica central radica en que el artículo 5, inciso l, de la Ley Nacional 22.351 de Parques Nacionales prohíbe los sobrevuelos en aeronaves impulsadas a motor dentro de las áreas protegidas. La norma contempla excepciones para determinadas rutas aéreas comerciales, militares y civiles que no cuentan con alternativas por razones geográficas, climáticas o por la proximidad de aeropuertos, además de exceptuar operaciones de búsqueda y rescate, combate de siniestros, investigaciones científicas, relevamientos técnicos y actividades relacionadas con el cuidado del área. Como los vuelos turísticos privados no aparecen enumerados entre las excepciones, la Administración de Parques Nacionales debe explicar cuál es el fundamento jurídico para permitirlos.

Bahía Lapataia integra un espacio de alto valor ambiental donde conviven bosques, costas y ambientes acuáticos que forman parte del patrimonio natural fueguino. Su protección requiere limitar las actividades que puedan alterar el equilibrio ecológico y evitar que el atractivo turístico se convierta en una justificación para flexibilizar los controles. El caso pone de relieve una contradicción de fondo al habilitar operaciones destinadas a pasajeros de embarcaciones de lujo con servicios exclusivos y traslados aéreos, bajo el argumento de que el turismo VIP no puede tener privilegios por encima de las normas ambientales.

En cuanto a la firma beneficiada, Ushuaia Shipping es una agencia marítima especializada en servicios portuarios, atención de embarcaciones, logística antártica y operaciones vinculadas con el turismo de expedición. Su actividad incluye la asistencia a grandes yates internacionales que llegan a Ushuaia y a embarcaciones que utilizan la ciudad como punto de partida hacia destinos australes. En su sitio institucional, la compañía identifica a Hernán Baserga como su director ejecutivo y reconoce la participación de Lucas Molinari en su trayectoria, cuya identidad como operadores de la empresa quedó documentada en abril de 2016 cuando la Municipalidad de Ushuaia informó sobre una reunión entre los empresarios y las autoridades locales de entonces, como el intendente Walter Vuoto y el secretario municipal de Turismo de entonces, Juan Cherañuk.

Asimismo, otro aspecto que generó atención pública surge de la relación comercial entre Ushuaia Shipping y EYOS Expeditions, una compañía internacional especializada en expediciones privadas a bordo de grandes embarcaciones. En su propio sitio web, la empresa fueguina publica un testimonio de EYOS que describe una colaboración de más de 15 años en tareas de apoyo desde tierra. El vínculo comercial adquiere relevancia porque EYOS promociona expediciones a las Islas Malvinas bajo la denominación inglesa «Falkland Islands», además de ofrecer itinerarios que incluyen Georgia del Sur y la Antártida. No obstante, se aclaró que existe una diferencia importante entre esa relación comercial y afirmar que Ushuaia Shipping presta servicios específicamente a los viajes de EYOS hacia las islas, ya que hasta el momento no se pudo verificar qué operaciones concretas atendió la agencia ni si participó directamente en itinerarios hacia dicho destino del Atlántico Sur.

La controversia reúne cuestiones de interés público vinculadas con la protección de un parque nacional frente a operaciones turísticas de lujo y con la transparencia de las relaciones comerciales de los operadores marítimos que trabajan en la región. Mientras la autorización firmada por Marcelo Almirón debe ser explicada frente a las objeciones de la organización Manekenk, la ciudadanía y los sectores ambientales reclaman claridad sobre los informes técnicos, los permisos concedidos y las decisiones administrativas para garantizar que la conservación del patrimonio público esté siempre por encima de los negocios privados.

Información basada en el artículo publicado por el portal “lapoliticaambiental.com.ar”.