“Los argumentos que usó la ANPYN para intervenir el puerto se cayeron al poco tiempo”

En el marco del complejo panorama institucional y laboral que atraviesa la terminal portuaria fueguina tras la medida adoptada a principios de año, dirigentes del sector mantuvieron un diálogo en el cual detallaron los avances de las gestiones gremiales y las posibles medidas a tomar en el corto plazo. La situación, que involucra tanto aspectos judiciales como la estabilidad de decenas de familias, se encuentra actualmente bajo la mirada de organizaciones del ámbito internacional, mientras en la provincia se aguardan definiciones sobre la restitución de la administración local.

Respecto al alcance que está tomando el reclamo fuera de la Argentina y a los últimos pronunciamientos recibidos, en diálogo con el programa “Desde las Basers”, por Radio Provincia, Ricardo Alonso explicó que “la IDC es el Consejo Internacional de Estibadores y Trabajadores Portuarios. A la IDC estamos adheridos en la Argentina una cantidad importante de gremios que representamos no solo a estibadores, sino a trabajadores de la distinta rama de la actividad portuaria”. Sobre las acciones emprendidas ante dicha entidad, señaló que “hace aproximadamente dos meses nosotros pusimos en conocimiento de la IDC cuál era la situación del puerto de Ushuaia y qué estaba haciendo en referencia a la intervención y a los 140 trabajadores que quedaron fuera del puerto por empleados que no permitieron el acceso”. Asimismo, sobre las novedades recientes, destacó que “este miércoles la IDC emitió un comunicado, en vistas al próximo primero, a una reunión que estamos planificando desde los gremios de la IDC en Tierra del Fuego para la última semana de octubre y por el otro lado, el 14 y 15 de noviembre, que se va a hacer el plenario en Río de Janeiro, donde también vamos a llevar el tema del puerto de Ushuaia como bandera de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo”.

Consultado sobre el seguimiento que se hace de este proceso a nivel nacional desde la APDFA, el entrevistado enfatizó el disgusto institucional existente desde el inicio del conflicto. Al respecto, sostuvo que “nosotros estamos muy preocupados desde el día 1, desde aquel 20 de enero de este año, cuando intempestivamente la ANPYN decidió intervenir el puerto sin ningún argumento judicial, sin ningún respaldo jurídico que lo avalara”. Argumentando sobre la falta de marco legal de la disposición, aclaró que “una resolución de un organismo de cuarta línea no es suficiente para generar una intervención en un puerto que desde los años 90 está en manos de la provincia. Mínimamente tendría que haber habido un decreto del presidente porque hay una ley nacional que le transfiere los puertos a las provincias y una ley provincial que se hace cargo del puerto y lo toma como su patrimonio”.

Al profundizar sobre el carácter de la medida y las consecuencias económicas para la región, remarcó que “esto fue anticonstitucional, lo hemos dicho, lo hemos planteado en la justicia, obviamente que nosotros lo hacemos en virtud de la defensa de los puestos de trabajo, pero también no podemos negar que esencialmente para la provincia de Tierra del Fuego esto ha sido un golpe muy fuerte en la economía”. Sobre el manejo de los recursos durante este período, advirtió que “una vez que la intervención se vaya va a haber que averiguar dónde fueron a parar los fondos de recaudación. Esto va a terminar siendo casi diez o doce, quince meses de intervención nacional, con sospechas muy profundas sobre los hechos económicos realizados por la administración del puerto”. Agregó además que “hay denuncias de sobreprecios que ya están en la justicia, empresas locales que han quedado marginadas simplemente porque el precio era muy bajo, lo que normalmente debería ser una ventaja fue una desventaja y estas cosas también tienen que terminar en la justicia”, señaló el prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Ferroportuaria de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos.

Acerca de las presentaciones judiciales en curso y la articulación con otras entidades, precisó que “nosotros tenemos una causa abierta en la justicia del trabajo en Capital Federal, un gremio hermano como el SUTAP tiene la causa abierta en la justicia del trabajo en Tierra del Fuego”. En referencia al rol provincial en el ámbito judicial, indicó que “nos hemos ofrecido a la provincia para oficiar de testigos si fuera necesario, sabemos que hay una causa en la Corte Suprema de Justicia que es el ámbito donde se dirimen las diferencias entre provincia y nación, y estamos a la espera de todo eso”.

En cuanto al rol de otros actores gremiales en la contención del conflicto y la firmeza de la postura asumida, manifestó que “después de que se pongan la campera de la defensa del puerto otros compañeros que estuvieron ausentes durante casi siete de los nueve meses que tenemos en la lucha, ese es otro tema que cabrá en la conciencia de cada uno. Nosotros estamos seguros de lo que hicimos, estamos seguros de lo que estamos haciendo y estamos seguros del objetivo que tenemos”. Sobre la meta final trazada, aseveró que “el objetivo es recuperar el puerto para la provincia y, a partir de ese día, lograr el ingreso de los 140 trabajadores que quedaron afuera y la salida de los trabajadores que vinieron de otras provincias a ocupar los puestos de trabajo que le correspondían a los fueguinos, porque ese es un tema que la intervención se encargó de oficializar y hoy se pretende que todo el mundo quede adentro”.

Ante la inquietud sobre si los motivos de la intervención responden a cuestiones políticas o económicas, la respuesta fue tajante. Afirmó que se encuentran “convencidos de que técnicamente no había ningún argumento para intervenir; de hecho, todos los argumentos que usó la ANPYN para intervenir en el puerto se cayeron al poco tiempo”. Argumentando con ejemplos concretos sobre la falta de obras, detalló que “acusaban de que no tenía seguridad en el puerto y que no tenía la habilitación correspondiente, y tres meses después apareció la resolución de la prefectura que habilitaba en materia de seguridad las instalaciones portuarias”. Para sintetizar la motivación de fondo, consideró que “si partimos de la posición de que técnicamente o jurídicamente no había elementos ni razones para intervenir en el puerto, obviamente aquí hay un trasfondo que excede eso: puede ser político, hay mucha sospecha de que sea económico y también hay sospecha de algún interés nacional por la geopolítica y por las relaciones que se están teniendo con Estados Unidos”.

Requerido sobre si existen antecedentes históricos de una medida de estas características en el país, sostuvo de manera categórica que “nunca se intervino un puerto a nivel nacional, no hay ningún antecedente de que la Nación haya intervenido en un puerto”. Como única excepción menor mencionó que “el único antecedente muy pequeño fue un período muy corto donde la provincia de Buenos Aires intervino el puerto de Mar del Plata ante el fallecimiento en actividad de su presidente, con un justificativo claro, pero a nivel nacional nunca hubo nada y Ushuaia es el primer caso”.

En relación con el vínculo actual con el personal perjudicado y la estrategia sindical conjunta, expresó que “estamos hablando constantemente porque tenemos los representantes de nuestra seccional ahí en el puerto de Ushuaia, fuera del ámbito portuario, trabajando en conjunto con el SUTAP y muy firmemente con la delegación local del gremio de ATE”. Respecto a las acciones directas evaluadas para la temporada alta, apuntó que “hemos establecido una estrategia común de reclamo. Estamos en plena temporada de cruceros y creo que ha provocado espanto que anunciemos medidas cuando entren los cruceros, pero le pedimos a la gente de Ushuaia y de Tierra del Fuego que nos entienda: hay 140 familias que están en la precariedad más absoluta, cobrando un sueldo que les paga la provincia sin trabajar porque no pueden ingresar a sus puestos”.

Sobre los compromisos asumidos tiempo atrás con el Ejecutivo provincial y el vencimiento de los plazos, recordó que “cuando fue la intervención allá por el mes de enero, pudimos sentarnos con el gobernador todos los gremios acompañados por la CGT y le planteamos la situación; se logró que por un año se pagaran los salarios, pero ya nos comimos nueve meses y nos estamos acercando al fin del acta acuerdo sin saber qué va a pasar”. En relación con el respaldo internacional que se suma, advirtió que “se agrega un actor nuevo que es la IDC, que siempre estuvo pero que ahora activamente comienza a participar, y el comunicado dice que, si no se encuentra una solución a través del diálogo, las medidas a nivel internacional pueden ser mucho más graves”.

Frente a la consulta sobre el impacto en la autonomía y soberanía de la provincia, ratificó la gravedad del cuadro de situación. En ese sentido, puntualizó que “la economía de Ushuaia se siente directamente afectada. Los fondos que recauda el puerto con los más de 500 buques de cruceros que llegan por temporada están yendo a una cuenta a la ciudad de Buenos Aires que no sabemos ni quién administra ni cómo se administra, no se sabe quién es el titular ni qué se paga con esa cuenta”.

Finalmente, al referirse al rol desempeñado por las fuerzas de seguridad durante el inicio de la intervención y las posibles medidas legales a adoptar al respecto, concluyó manifestando que “estamos analizando y evaluando con nuestros asesores jurídicos porque no podemos entender cómo el jefe de la Prefectura de Ushuaia permitió y aceptó convertirse en los guardaespaldas de un grupo de funcionarios de un organismo de quinta categoría con una simple resolución”. Sobre el cometido de la fuerza, remarcó que “la Prefectura debe ser auxiliar de la justicia, no el ejecutor, y nos gustaría saber si había alguna orden judicial para que actuara en ese sentido”. Sobre los pasos futuros, cerró indicando que “todavía no hemos hecho ninguna denuncia, la estamos evaluando, pero ciertamente es otra de las cosas que nos preocupa, porque si una fuerza de seguridad actúa por sí ante una resolución firmada por un funcionario de tercera línea, esto hay que darlo a conocer y, si es como pensamos, habrá que hacer las presentaciones judiciales correspondientes”, concluyó.