Salmoneras: la promesa del "esta vez será distinto"

Cada vez que un territorio debate la instalación de una nueva industria extractiva, aparece una promesa conocida: esta vez habrá mejores controles; esta vez la tecnología evitará los errores del pasado; esta vez el crecimiento económico convivirá con la protección ambiental. La discusión sobre la salmonicultura en Tierra del Fuego reproduce ese lenguaje. En una entrevista del 26 de abril de 2026 para Revista MU, el gobernador Gustavo Melella sostuvo que los problemas observados en Chile fueron consecuencia de una mala implementación y que la provincia podrá hacerlo mejor gracias a regulaciones más estrictas y nuevas tecnologías. Meses antes, al promulgar la Ley 1601, el gobierno había señalado que buscaba convertir a Tierra del Fuego en "un referente en la acuicultura sostenible y en equilibrio con el ambiente". El 23 de junio, el propio gobernador reafirmó esa orientación: "Tenemos que ampliar la matriz productiva sin abandonar la industria". Sin embargo, poco se ha detallado respecto a la manera en que la ley 1601 generará algo diferente al resto de los países con salmonicultura (Chile, Escocia, Canadá).

Chile constituye uno de los procesos salmoneros más estudiados del mundo. Exporta más de US$6.000 millones anuales en salmón y la industria sostiene alrededor de 86.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, una evaluación rigurosa no puede detenerse en esas cifras. También importa la calidad del empleo, la distribución de sus beneficios y las transformaciones que una actividad de esta magnitud produce sobre el territorio.

Los datos ayudan a complejizar ese panorama. De los cerca de 86.000 empleos que destaca la propia industria, aproximadamente 41.000 corresponden a trabajadores externalizados, según Fundación Terram. Buena parte de las labores de mayor riesgo —como el buceo y el manejo de mortalidades— se realiza bajo subcontratación, mientras AquaChile informa trabajar con 649 empresas contratistas. Según Ecoceanos, al menos 90 trabajadores han fallecido en actividades vinculadas a la salmonicultura durante los últimos doce años.

Las promesas de mayores controles también deben examinarse a la luz del marco regulatorio que efectivamente se propone construir. La Ley 1355, aprobada en 2021, no sólo prohibía el cultivo de salmones en aguas abiertas; también establecía una Unidad de Multa (artículo 3°) y un régimen de Sanciones (artículo 4°) para asegurar el cumplimiento de la norma. La Ley 1601, que vuelve a habilitar la actividad en determinadas zonas, ya no contempla esas disposiciones. Ello vuelve legítima la pregunta acerca de cuáles serán los mecanismos concretos que garantizarán estándares regulatorios más altos.

La experiencia chilena tampoco respalda la idea de que la innovación tecnológica, por sí sola, garantice altos estándares ambientales. Entre 2010 y 2020 escaparon 4,8 millones de salmones desde centros de cultivo, según datos de Sernapesca recopilados por Fundación Terram. La misma organización identificó 95 ciclos de sobreproducción, equivalentes a más de 67 mil toneladas por sobre los límites autorizados en reservas nacionales, muchos de ellos sin sanción efectiva durante años. No es casual que Chile haya debido fortalecer posteriormente su legislación, aumentando las exigencias de transparencia y endureciendo las sanciones por escapes. Del mismo modo, aunque la evaluación ambiental -uno de los aspectos de la actual ley 1601- constituye una herramienta indispensable, la experiencia chilena muestra que su sola existencia no ha impedido fenómenos complejos como la sobreproducción, los escapes o el uso intensivo de antibióticos.

Todo ello obliga a mirar con cautela otro de los argumentos centrales del debate fueguino: la "diversificación de la matriz productiva". Incorporar una nueva actividad extractiva no implica necesariamente diversificar una economía. También puede significar profundizar una especialización basada en recursos naturales orientados a mercados globales. La propia Ley 1601, en su artículo 11, declara como objetivo fortalecer las economías locales asociadas a la acuicultura. Sin embargo, la experiencia de Chile, Canadá y Escocia muestra una tendencia distinta: concentración empresarial, conformación de oligopolios y creciente gravitación de una sola actividad sobre el empleo, la infraestructura y la inversión regional. Más que una diversificación, esa trayectoria se acerca a lo que podría denominarse un monocultivo económico, donde una actividad termina concentrando buena parte de las alternativas de empleo disponibles para el territorio.

Al mismo tiempo, conviene recordar que la salmonicultura es una actividad profundamente transnacional. En Chile, cerca del 80% de la producción se exporta, según Fundación Terram. El artículo 11 de la Ley 1601 plantea fomentar el consumo y los productores locales. Sin embargo, la salmonicultura ha tendido históricamente a organizarse como una industria transnacional orientada a la exportación y con altos niveles de concentración empresarial. Si en el caso fueguino se aspira a un resultado distinto, corresponde dar respuestas detalladas y claras, antes que sólo intenciones.

No deja de ser paradójico que este debate surja precisamente cuando Tierra del Fuego enfrenta el agotamiento de un modelo de desarrollo industrial. En lugar de abrir una discusión amplia sobre la necesidad de una mayor inversión pública para la generación de empleo, o sobre nuevas capacidades productivas, considerando el potencial y las actividades locales de la provincia, la principal alternativa vuelve a situarse en un nuevo enclave exportador.

En ese sentido, escuchar seriamente a quienes han expresado críticas frente a la ley 1601 —legisladores, asambleas, comunidades costeras, pueblos originarios, organizaciones ambientales, trabajadores y pescadores artesanales— resulta importantísimo para asegurar un futuro sustentable.

Reducir la discusión a "salmonicultura o desempleo" es anular el espacio de la crítica y obviar otras posibilidades económicas capaces de generar empleo que no impliquen mayor dependencia económica ni mayor daño socioambiental.