Denuncian un escandaloso sobreprecio en el contrato de limpieza para el Puerto de Ushuaia

Los trabajadores del Puerto de Ushuaia manifestaron esta semana su más enérgico repudio ante las recientes medidas dispuestas por la intervención federal en la terminal fueguina. La controversia estalló tras conocerse los pliegos de una nueva licitación de limpieza y mantenimiento edilicio, que multiplica de manera sideral los costos vigentes hasta el momento. La denuncia de los trabajadores expone una situación de extrema gravedad administrativa, que altera el normal funcionamiento de una de las principales vías de ingreso a la provincia.

A través de un documento público, el personal afectado arremetió contra las promesas de saneamiento financiero que justificaron el desembarco del Gobierno central en la administración portuaria. Los operarios señalaron que las nuevas autoridades nacionales "dijeron que venían a ordenar el puerto, corregir irregularidades y 'hacer las cosas bien'", pero advirtieron que, muy por el contrario, la realidad demuestra que "vinieron por la caja del puerto". El foco del conflicto radica en el drástico contraste entre los valores que manejaba la Dirección Provincial de Puertos y los que propone la actual conducción de la Administración General de Puertos.

Según detallaron los portuarios, antes de que se concretara el desplazamiento de la órbita local, el mantenimiento se resolvía con recursos razonables. De acuerdo con los registros, la Dirección Provincial de Puertos había contratado el servicio de limpieza por "$79.878.678 durante doce meses, lo que representaba aproximadamente $6,6 millones mensuales". Sin embargo, el panorama cambió de manera radical con el traspaso del control operativo.

Bajo la actual órbita de la ANPYN, la Administración General de Puertos impulsó un llamado a licitación que despertó la alarma general de los gremios y el personal de la terminal. Desde el sector laboral recalcaron que ese organismo nacional se encuentra "en liquidación" y que, a pesar de esa condición transitoria, avanzó con una licitación de limpieza y mantenimiento edilicio por "$563.376.000 más impuestos para solamente seis meses". Esta modificación implica elevar el gasto corriente a casi "$94 millones mensuales, es decir, más de 14 veces el valor mensual del contrato firmado por la DPP".

Para los firmantes de la denuncia, el salto presupuestario no resiste ningún tipo de auditoría ni análisis lógico. Frente a este panorama de descontrol de gastos, el personal se pregunta cuál es el destino de la austeridad que se pregona desde la gestión central y qué clase de tareas podrían llegar a justificar una brecha de semejante magnitud. Del mismo modo, los empleados manifestaron una profunda desconfianza sobre los reales beneficiarios de una contratación que, en caso de proyectarse a un año completo de vigencia, superaría con holgura los "$1.126 millones más impuestos".

"La intervención no solo desplazó a las autoridades provinciales y dejó afuera a quienes sosteníamos diariamente el funcionamiento del puerto. También desvió su recaudación hacia una cuenta vinculada con AGP en liquidación.", expresaron

La tensión se incrementa debido al impacto social directo que tiene la paralización de las actividades tradicionales en la capital fueguina. Mientras se definen estas millonarias asignaciones, “unas 140 familias atraviesan una angustiante incertidumbre laboral al permanecer apartadas de sus habituales puestos de tareas, en tanto que el Estado provincial dejó de percibir los ingresos de su recaudación natural”, señalaron trabajadores consultados. Los manifestantes sostienen que la maniobra busca consolidar un "saqueo escandaloso de los recursos del Puerto de Ushuaia" mediante un mecanismo de vaciamiento de la recaudación local.

La presentación pública concluye con un severo llamado de atención a la Justicia y a los entes reguladores de la administración pública. Los trabajadores advirtieron que la enorme disparidad en las ofertas evidencia indicios de sobreprecios y de una maniobra orientada a "vaciar la caja portuaria mediante contrataciones millonarias", hechos que a su entender configuran figuras graves “como la administración fraudulenta, la malversación de fondos públicos y la corrupción”.

Ante esta alarmante situación, el personal exigió “transparencia absoluta” y recordó que “el puerto de la capital fueguina representa el patrimonio de Tierra del Fuego y que sus recursos pertenecen genuinamente al pueblo de la provincia”.