"Vender la planta en funcionamiento es la mejor opción"

El contador Roberto Pugnanoli, síndico de la quiebra de la empresa Aires del Sur en Río Grande, confirmó que se encuentra avanzado un principio de acuerdo para alquilar las instalaciones por seis meses a la firma Athuel. Esta medida, que espera la homologación del juez Horacio Boccardo tras el receso judicial por la feria, busca reactivar la producción y preservar las fuentes de trabajo mediante un contrato de locación, mientras se sustancia el proceso de venta definitiva de la planta fabril.

La crisis industrial en el ámbito nacional sigue golpeando con fuerza al sector manufacturero de Tierra del Fuego. En diálogo con Radio Fueguina, el contador Roberto Pugnanoli, síndico a cargo del procedimiento de quiebra de Aires del Sur, se refirió a la delicada situación que atraviesa la planta de Río Grande. El profesional lamentó el escenario y sostuvo que la firma es una de las tantas empresas en crisis por una cuestión de política industrial en Nación, agregando que esta ya tiene la quiebra decretada desde el 22 de abril.

Frente a dicha realidad, el administrador concursal fue tajante al señalar que el proceso judicial iniciado es irreversible. Sin embargo, bajo la dirección del juez de la causa, Horacio Boccardo, se buscan alternativas para mitigar el impacto social y económico. Una de las opciones más firmes es un contrato de locación temporal por un plazo de seis meses, amparado en el artículo 186 de la Ley de Concursos y Quiebras, para que la firma Athuel se haga cargo de la actividad.

El síndico aclaró que el acuerdo económico entre las partes ya se encuentra firmado, “contemplando las exigencias, seguros y cauciones correspondientes”, pero que aún resta la autorización del juez. Debido a que la provincia se encuentra atravesando la feria judicial, la resolución definitiva se postergará hasta el reinicio de la actividad en los tribunales. El profesional transmitió tranquilidad e indicó que la esperanza de los trabajadores obviamente se mantiene “porque las posibilidades de aprobación son altas”.

Ante algunas versiones encontradas que circularon en los últimos días, Pugnanoli consideró fundamental diferenciar los marcos legales de la propuesta. En ese sentido, puntualizó que “se trata puramente de un contrato de alquiler y no de una cooperativa de trabajo”, una alternativa que previamente fue descartada porque no cumplía con los requisitos legales mínimos para iniciar su actividad. Bajo esta modalidad de locación, Athuel será la encargada de contratar de manera directa al personal y de absorber los costos operativos. El canon abonado por este alquiler ingresará de forma directa a los fondos de la quiebra para responder ante los diversos acreedores de la firma.

El rol de los operarios de Aires del Sur fue uno de los puntos más destacados por el síndico durante la entrevista. A pesar de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad y de estar trabajando actualmente sin percibir un sueldo, los trabajadores han mantenido una actitud sumamente responsable y respetuosa. Según explicó Pugnanoli, “el personal se encuentra abocado a recuperar e incorporar valor a los insumos disponibles, ensamblando equipos terminados y custodiando de manera ejemplar toda la maquinaria y el edificio”. Esta conducta no solo preserva el patrimonio, sino que además les otorga un privilegio especial sobre los productos terminados que se logren rescatar dentro de la planta.

El objetivo final de este entramado judicial y comercial es lograr la venta total de la fábrica. El síndico remarcó que “se busca motivar a potenciales compradores mostrándoles la planta activa, dado que siempre es mejor vender algo funcionando que algo que esté sin producción”. En cuanto a los interesados que ya han recorrido las instalaciones de manera informal, el contador prefirió mantener bajo estricta reserva sus identidades “para no entorpecer el expediente judicial”.

Finalmente, Pugnanoli explicó las alternativas de la futura venta legal, la cual se realizará mediante subastas y edictos públicos con la participación de un martillero. La prioridad absoluta de la sindicatura y del juzgado es “resguardar la unidad económica total del establecimiento”. De no presentarse ofertas que alcancen las tasaciones oficiales, la justicia se verá obligada a recurrir a la venta parcializada o singular de los bienes, subastando las maquinarias, los materiales y el inmueble por separado, una alternativa que el contador definió como “la menos deseable” para el futuro de la industria local.