POLíTICA | 22 MAY 2025
SIGUEN PEGANDO ABAJO
El Gobierno Nacional avanza sobre el derecho a huelga
Con un nuevo decreto, el Gobierno nacional profundiza su ofensiva contra los derechos laborales. Ahora, servicios como la educación, el transporte y las aduanas deberán garantizar entre el 50% y 75% de funcionamiento aún durante una huelga.
A través del DNU 340/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei dispuso una polémica ampliación del listado de actividades esenciales, lo que restringe de hecho el derecho constitucional a huelga para millones de trabajadores y trabajadoras.
La nueva norma establece que en caso de conflicto laboral, deberán garantizar su funcionamiento en un 75% las actividades declaradas esenciales, y en un 50% aquellas consideradas de “importancia trascendental”.
¿Qué cambia?
Hasta hoy, solo servicios como salud, agua, energía y control aéreo eran considerados esenciales. Ahora se suman:
La educación inicial, primaria, secundaria y especial
La aeronáutica comercial y todo el sistema portuario (dragado, estiba, remolque, etc.)
Los servicios aduaneros y migratorios
El transporte marítimo y fluvial de cargas y personas
La producción y distribución de gas y combustibles
Esto significa que si un gremio vinculado a estas áreas decide convocar a una medida de fuerza, deberá garantizar una cobertura mínima obligatoria, limitando de manera concreta la posibilidad de parar por completo.
Críticas de especialistas y rechazo sindical
El decreto generó un inmediato rechazo desde sectores sindicales y jurídicos. El abogado laboralista Matías Cremonte, de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, fue tajante: “Esto no es regulación. Es una prohibición encubierta del derecho a huelga. La OIT solo admite considerar esenciales aquellos servicios cuya interrupción ponga en riesgo la vida o la salud”.
En el mismo sentido, el abogado y referente de la CTA Autónoma Luis Campos advirtió:“El gobierno reintroduce por decreto la limitación del derecho de huelga para casi todos los trabajadores. Es parte de su ofensiva antisindical”.
Desde la izquierda, la diputada Vanina Biasi llamó a las centrales obreras a organizar un paro nacional: “Este es un ataque directo a un derecho básico. No puede quedar sin respuesta”.
Una reforma que ya había sido rechazada
El contenido de este decreto ya formaba parte del cuestionado DNU 70/23, cuya constitucionalidad está en discusión en la Corte Suprema y fue suspendido por la Justicia. El Gobierno ahora busca avanzar por partes, a través de nuevos decretos.
Además, en otro decreto paralelo (341/2025), el Ejecutivo eliminó su participación directa en las paritarias docentes a nivel nacional. A partir de ahora, las provincias y los sindicatos deberán negociar sin la presencia del Estado nacional, que solo revisará la viabilidad presupuestaria una vez alcanzado un acuerdo.
Un Estado que se retira, un derecho que se achica
La combinación de estas medidas apunta a debilitar el poder de negociación de los trabajadores, al tiempo que limita la capacidad de respuesta gremial ante recortes, despidos o pérdidas salariales.
Desde el Gobierno, el vocero Manuel Adorni evitó dar precisiones sobre los alcances de la medida y se limitó a declarar que “nada estará fuera de la ley”.
En paralelo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no brindó declaraciones pese a los múltiples pedidos de aclaración por parte de la prensa.
Fuente: Red23 Noticias
