Impiden los estudios universitarios de una persona privada de su libertad

La noticia tuvo repercusión en su momento en las crónicas policiales, donde se hablaba de la supuesta complicidad entre una persona que se encuentra privada de su libertad en la Unidad de Detención Uno de Río Grande y un integrante del Servicio Penitenciario, para el ingreso de marihuana al lugar. Luego se confirmó una denuncia que impulsaron las propias autoridades del Servicio, aportando una captura de pantalla que habría sido descubierta en la computadora de un interno, aunque en ningún lugar se lo nombra ni aparece involucrada esta persona de alguna forma.

Tampoco se secuestro droga alguna, en la requisa que le realizaron en reiteradas oportunidades, ni en el domicilio del integrante del Servicio Penitenciario que, según las crónicas policiales, se encuentra involucrado en la causa. De todas maneras, a partir de la intervención de Juzgado Federal y de las diferentes medidas que se tomaron, la persona que se encuentra privada de su libertad vio complicada la continuidad de sus estudios de abogacía por el secuestro de la computadora, que se encuentra todavía en poder del Juzgado que está a cargo de la jueza Mariel Borruto.

La familia del recluso, para tratar de resolver la situación respecto de los estudios por los cuales abonan una suma cercana a los 500 mil pesos por semestre, solicitaron el ingreso de una nueva computadora. Sin embargo, por orden de la subalcalde Daiana Cristina Maldonado, durante la jornada de hoy se notificó al interno que no le permitirán el ingreso de un nuevo aparato de computación “hasta tanto no se resuelva la situación judicial con el equipo autorizado oportunamente”.   

Vale reiterar que, en las capturas de pantalla que se encontraron en el CPU, nada vincularía al preso que fue nombrado en diferentes medios, como relacionado con el supuesto hecho que investiga el Juzgado Federal, salvo el tener esa imagen en la computadora. Tampoco hay claridad sobre el ingreso de drogas a la Unidad de Detención, según lo reconoció en medios radiales locales el propio secretario de la jueza, Juan Vicente.

En su momento, al realizarse el secuestro de la computadora, los familiares remarcaron que “Una captura de pantalla la puede tener cualquiera en una computadora y eso no quiere decir que esté relacionado con el hecho que ahí se refleja. Lamentamos el tratamiento que se está dando en los medios y esperamos que el juzgado resuelva pronto este tema, porque sabemos que él no tiene ninguna relación con el hecho y lo único que quiere es retomar sus estudios como lo venía haciendo con excelentes resultados”. Sin embargo, con esta nueva negativa, se continúan poniendo obstáculos para la continuidad de dichos estudios.