La resolución inicial decía que la práctica oftalmológica había sido solicitada por el propio funcionario y en ella se reconocía que la misma no está “dentro del marco prestacional”, que tiene la obra social para el común de sus afiliados.
La intervención se realizó finalmente en el centro “Oftalmovisión”, intervino la auditoría de la OSEF pero como se trataba de una excepción la decisión de autorizar la cobertura corría por cuenta de la presidenta de la obra social, quien finalmente la avaló.
La decisión aparecía en un momento de muchas falencias que denunciaban los afiliados, cuando se acababa de anunciar el corte de la prestación de servicios en el Hospital Italiano y el Británico alegando “altos costos”, con falta de medicamentos en la farmacia de la OSEF y mientras las personas con discapacidad denunciaban que les estaban cobrando indebidamente coseguros en un centro médico de Ushuaia. Entre otros inconvenientes que tenía la obra social, algunos de los cuales persisten al día de hoy.
En ese momento, en una entrevista por FM “Aire Libre”, Conti aseguraba que el caso “salió a la luz porque era el ministro Diego Romero, pero nosotros hemos autorizado muchas prácticas de este tipo justamente con este profesional que es de Río Grande. Si nosotros autorizáramos esta práctica, que es fuera del marco prestacional pero son prácticas de excepción que hemos garantizado como ésta y muchas, si la deriváramos a Buenos Aires para hacérsela el valor sería mucho mayor”, dijo, refiriéndose al costo de 50 mil pesos que tiene la operación que se realizará el ministro. Aunque las fuentes consultadas remarcaban que el ministro también podía haber optado por hacer frente a la intervención con su propio bolsillo, evitando así un gasto a la OSEF en un momento complicado.
Finalmente la operación se concretó y, a pesar del estado público que tomó el caso, la operación de Diego Romero la pagaron los afiliados a la OSEF con los fondos de la obra social.