“Esta semana que entra vamos a comenzar con medidas de acción directa y vamos a sostener los trapos hasta donde nos dé la situación”, dijo Alicia Ponce, secretaria general de SEJUP, tras no lograr diálogo con el Superior Tribunal para definir la recomposición salarial.

Por Radio Provincia, señaló que “si hay algo que tiene este sindicato es que siempre pusimos la cara y nos hicimos responsables por lo que decíamos. No nos falta coraje para salir a decir lo que pensamos y de quién lo pensamos. No lo decimos solamente en los medios sino que se los decimos en la cara. La idea es dialogar, pero no se quiere dialogar y quieren dilatar todo. Sabemos que la situación viene dura, pero antes de las elecciones nadie hacía paro, y muchos callan cuando hay que apretar. El año pasado nos pasó lo mismo y éramos el único sindicato que estaba haciendo medidas de fuerza y no sabemos dónde estaba el resto”, cuestionó.

“Hay que ver en las elecciones cuántos sindicatos habían apoyando listas, además de candidatos de extracción sindical. Hay que tener respeto por nuestros afiliados y, si se dedican a la política, no pueden usar el sindicalismo como un puente para después postularse. Yo comparto que los trabajadores tienen que ocupar cargos de decisión, pero tiene que ser por otra vía. Si un sindicalista hace lo que tiene que hacer y mañana deja el sindicato, mucha gente lo tiene que reconocer por sus acciones, no por sus omisiones. Nosotros vamos a empezar las medidas de acción directa para que nos digan cómo, cuándo y dónde nos van a pagar, porque el primer semestre han despilfarrado el presupuesto y es impresionante la cantidad de designaciones del rango de secretarios, nunca vista y sin precedentes”, aseveró.

“Esto pasa porque se pagaron muchas facturas y ese es el perjuicio de estar tan atravesados por el poder político. El Poder Judicial en lugar de ser la niña bonita pasó a pagar facturas del poder político a lo bestia, y por eso pasa lo que pasa”, disparó.

Los resultados que muestran las encuestas sobre la imagen del Poder Judicial se condicen con lo que el gremio viene exponiendo en este último tiempo. “El tiempo nos va dando la razón lamentablemente, porque no es algo de lo que estemos orgullosos de anticipar. Siempre fuimos críticos, mediante el diálogo intentamos manifestar nuestra postura ante las autoridades del Superior Tribunal y siempre tuvimos el mismo resultado: nos seguimos manejando como patrones de estancia. La ciudadanía se moderniza, los derechos se van adquiriendo y el Poder Judicial siempre se sostiene en la férrea idea de que nosotros hacemos lo que queremos y como queremos”, sostuvo.

“Hay un principio que ya es una regla dentro de la administración judicial. El 26 de mayo cumplí 28 años dentro de la administración judicial y la regla número uno es que la justicia no investiga a la justicia, no hay una manera ordenada, legal, de que nosotros como sindicato de la administración judicial podamos llegar a un buen puerto. No existe para nosotros lo que se aplica para otros entes. Estamos hablando del Dr. Cesari Hernández –denunciado por violencia, acoso laboral y abuso de poder-, que desde el momento que se sentó como juez de primera instancia ejerció la violencia en todos sus términos. No es la primera denuncia que recibe Césari Hernández, que tiene una montaña de denuncias. El Poder Judicial no adhiere a la ley de derecho a la información pública ni para nosotros ni para nadie, y no sabemos qué es lo que pasa o qué hacen con las denuncias que se llevan adelante. Lo que sabemos es que los operadores del sistema, el Colegio de Abogados, los sindicatos, la Asociación de Funcionarios y Magistrados, terminamos haciendo denuncias que se cocinan en la misma olla, que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura hoy le da un plazo de 20 días al fiscal acusador que salió de una elección netamente política, porque como nunca antes hubo abogados que salían debajo de las piedras para ir a votar, identificados con el color político. ¿Cuál sería el límite para el Poder Judicial al momento de portarse responsablemente con la ciudadanía? –se preguntó-. No lo tiene y quiere seguir conservando esta añeja forma de manejarse y hacer lo que quieren”.

 

Empleador y empleado

 

Ponce cargó particularmente con quien llamó “el afiliado VIP” en referencia al Dr. Löffler, por ser parte de la patronal y a la vez de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación –UEJN-. “Nosotros nos desprendimos oportunamente de la Unión porque consideramos que no podíamos tener al patrón y al empleado en el mismo sindicato. El tiempo nos da la razón. La UEJN no va a volver a levantar la cabeza y el mismo empleador hace política sindical con el sello que le facilitó la Unión. Por eso hoy para sobrevivir a este asalto al sindicato, genera esta medida el mismo afiliado VIP para decir que luchan por los derechos de los trabajadores”, manifestó.

“Hay medios que salen a decir que (Césari Hernández) tiene el boleto picado sin ninguna información. La información ya está, y la ciudadanía ya se da cuenta de las operetas. Yo estoy colaborando con la investigación de los parientes, funcionarios y ex funcionarios políticos que han ingresado al sistema judicial y los tenemos a todos identificados por las acordadas. No se llama a concurso para designaciones que son de alto impacto dentro de la administración. ¿Por qué tenemos que pensar que el yerno de Furlan es el mejor secretario del superintendente que podía darle la provincia al Poder Judicial, si no rindió el concurso y no se midió con nadie?”, preguntó.

“Nos ha atravesado tanto el poder político que ya rendir es una excepción y la regla es no hacerlo. Esto va a afectando al servicio de justicia que queremos como ciudadanos. Sabemos que hay muchos juicios que no llegan a juicio, gente que se debería investigar y no se investiga. Lejos de investigarse, ocupan cargos dentro de la administración judicial. De Gamas Soler tiene procesamiento firme en 11 delitos de lesa humanidad, que es una cosa gravísima, y todavía sigue decidiendo quién va preso, quién queda libre, cuando no tiene moral. Hay muchos operadores dentro del sistema que deberían actuar como contralor y no lo hacen”, agregó la dirigente.

 

Sin diálogo

 

Respecto del reclamo salarial, indicó que “el Superior Tribunal no nos atiende y llegamos a junio con el 30% de aumento, porque ellos lo dieron en febrero, marzo y abril. Ahora están viendo qué van a hacer y no hay discusión salarial”.

“Nosotros estamos en estado de alerta y movilización, hemos estado haciendo asambleas. La idea de liquidar a la Unión y no atendernos a nosotros fue ni más ni menos porque el empleador se transformó en el mejor sindicalista y decide cuánto nos pagan, cómo, a quién defiende, y eso es lo que hay”, se resignó.

“Lo que hizo Löffler fue llevarse el sello de goma para intentar justificar todos los chanchullos que se hacen. Al no reclamar y no salir, todo el mundo desconoce lo que pasa. En este momento en que todo el mundo está pensando en llegar al día 15, esto no importa. Yo conozco a Nené Löffler, a Javier Muchnik, a Gonzalo Sagastume, porque son contemporáneos conmigo y los conozco desde la infancia. Somos de la misma generación, de la misma ciudad y hemos estado relacionados. Me pregunto qué pasó, porque somos la generación que egresamos en los ’80 en un gobierno de facto, y me pregunto dónde dejamos la rebeldía y la defensa de las instituciones. Yo sigo asombrada y no lo puedo entender. No digo que salgamos todos a ser revolucionarios, pero sí que respetemos el lugar donde estamos. ¿Para qué queremos llegar?¿para hacer una pyme del Poder Judicial? –cuestionó-. ¿Alguien cree que tiene necesidad de trabajo la hija de Mabel Caparrós, o que tiene necesidad de trabajo la hija de Manfredotti, cuando tanta gente profesionalizada está en la calle tirando curriculums en cualquier lado? Ese es el poder en pocas manos”, definió.

 

Consejo politizado

 

Asimismo, consideró que “el Consejo de la Magistratura es un club de amigos: dame un relator, te pongo dos jueces. Es el ámbito donde se empieza a cocinar el poder. Si la gente cree que un juez llega a juez y está en el máximo de su carrera, no es así. Quiere ser ministro y mañana quiere tener una red de poder, por eso va designando gente en lugares estratégicos. El Poder Judicial se ha transformado en cómo generar garantías de inmunidad ante el poder político. Casi todos los jueces de instrucción garantizan que, si cae una denuncia equis, lo va a sacar de ahí. Hay muchos camaristas que garantizan que, si pasa tal cosa, lo van a sacar de ahí”, afirmó.

“Yo estoy viendo cómo se va a integrar el Consejo de la Magistratura después del escenario político que quedó después del 14, porque se integra el primero por la mayoría y el primero por la minoría, y hay que ver de qué partido político van a ser los que decidan. Esto no pasaba antes de esta forma tan descarada, porque arrancamos con una justicia en los años ’90 con gente que venía al Poder Judicial de otras provincias y ya eran profesionales hace mucho tiempo, pero también eran profesionales de la justicia que había participado en el proceso de facto. Esa es la realidad de nuestra existencia. No teníamos profesionales acá cuando se creó la justicia, los fueron a buscar y la gente se había formado y había ejercido en la época del Proceso. Nadie sabía por qué lo aceptaban acá a De Gamas Soler, pero todo el mundo sabía y no se habló nada. Césari Hernández nunca se tuvo que haber sentado en el Poder Judicial, y ¿por qué una justicia que tiene tantos flancos abiertos va a sacar un juez por maltrato laboral? No hay que insultar la inteligencia de la gente, y va a ser el primero en la historia que salga porque maltrata a los empleados”, avizoró, deslizando otros motivos políticos tras la decisión de la que se habla.