La política empresarial hacia sus colaboradores –como se refiere en sus comunicados la patronal- que viene desarrollando el Grupo Mirgor, desde la llegada de su CEO José Luis Alonso (foto), está marcando una historia que reúne los peores antecedentes para el movimiento obrero fueguino. Desde despidos masivos sin justa causa, discriminación, cambio de rama en la actividad en detrimento del salario, precarización laboral mediante contratos sucesivos y persecución a los representantes gremiales, hasta llegar al punto de despedir a uno de los delegados -que además era miembro de comisión directiva del sindicato-, Ángel Gordillo.  

Con ganancias que posicionan al Grupo Mirgor en el podio de la industria fueguina promovida bajo el sub régimen amparado en la Ley 19.640, recientemente extendido por 30 años, con accionistas como Nicolás Caputo y la ANSES, vienen creciendo económicamente mediante estrategias que muchas veces encierran el anuncio de un “mal mayor” para poder avanzar en las condiciones de los trabajadores, el principal factor de ajuste.

Así fue que luego de comprar Brighstar Fueguina por “un dólar” y FAMAR, hace algunos años atrás, aprovechando una situación de crisis que atravesaban, luego de discusiones con los principales representantes de la organización sindical, comenzó el año 2022 con el despido masivo del cuerpo de delegados y como mínimo un grupo de 50 operarios de la firma Brightstar Fueguina, la cual curiosamente pasó a llegar a contratar cerca de 400 personas en el mes de julio y un plantel de solo 250 efectivos -de los casi 350- que tenía la fábrica cuando la compraron con el compromiso –que formularon incluso ante el propio gobernador- de no despedir a nadie.

Los perfiles del personal despedido muchas veces reflejan el trato discriminatorio que se denuncia en redes sociales o en las asambleas de base; entre los casos más evidentes se encuentran los y las operarias que tienen ausencias justificadas con certificados médicos, enfermedades profesionales o baja “performance”, además de llegar a indemnizar con cifras millonarias -mediante acuerdos voluntarios o despidos encubiertos- a delegados y delegadas. 

A partir de este martes próximo la empresa Mirgor –en el sector que fabrica autopartes pero que paga sus sueldos bajo la rama electrónica ahorrándose cerca del 20 por ciento del costo laboral que implican los casi 250 trabajadores que ocupan- y más adelante también en la firma IATEC, que tiene casi 1500 operarios y como principal inversor a la marca Samsung ya que fabrica sus televisores y celulares exclusivamente con el Grupo Mirgor, decidieron arbitrariamente que no podrán seguir brindando el servicio de comedor pero que, a cambio de ese derecho adquirido hace años, les permitirán salir 45 minutos antes del horario de finalización normal.

Lo harán con argumentos que el cuerpo de delegados -respaldados por las asambleas- rechazó de plano, por considerar que el tiempo de descanso se ve profundamente alterado además de perjudicar puestos en el sector gastronómico, pero sobretodo cansados por la presión constante en detrimento de las condiciones laborales. A esto también se suma que, a partir del año que viene, no seguirán con el servicio de transporte a cambio de pagar un monto que ronda el equivalente a 50 litros de combustible mensuales, un poco más de 8000 pesos que no cubren –por ejemplo- ni siquiera 5 viajes de ida y vuelta en taxi desde la zona de la margen sur hasta la planta industrial. Incluso ya hay trabajadoras y trabajadoras que firmaron, recientemente, contratos dónde se aclara que no tendrán transporte.

Lejos de la responsabilidad social empresarial, al introducir el término “Mirgor despidió” en el buscador más popular de la web, se puede constatar la historia de la gran cantidad de conflictos laborales que tiene este grupo económico, que tuvo como socia a la familia del ex presidente Mauricio Macri, quien durante su gobierno afectó considerablemente a la industria fueguina a través del cierre de varias fábricas y el recorte de los procesos productivos que generaron el despido de miles de familias obreras; junto con el congelamiento por dos años de los salarios metalúrgicos con la complicidad de la ex gobernadora Rosana Bertone y que además  lapidó la fabricación de notebook, netbook y monitores.