El secretario de Derechos Humanos del CECIM (Centro de Excombatientes Islas Malvinas) La Plata, Ernesto Alonso, se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, de anular el procesamiento a tres ex militares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas en 1982, remitiéndose a un fallo anterior que consideró prescriptos los hechos por no constituir delitos de lesa humanidad.

Manifestó Alonso que, de esa manera, “siguen sosteniendo la impunidad y la imposición de que no se sepan  los hechos ocurridos en Malvinas. Lamentablemente, la Sala 1 de Casación Penal, con la composición de estos dos jueces, Barroetaveña y Petrone, dista mucho de lo que necesitamos todos los argentinos, en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia”, afirmó el representante del CECIM.

Dijo que “se siguen aferrando a lo que había planteado esta misma Sala, con otra composición, allá por el año 2009, cuando dejan prescripto el caso Taranto que había llegado a esa sala. Ese caso fue recurrido, como todos lo saben, porque también en 2015 la Corte Suprema de Justicia miró para otro lado, no analizó la cuestión de fondo, como por entonces lo advirtió el Procurador General de la Nación el Dr. (Luis Santiago) Warcalde, dando cuenta de las responsabilidades que el Estado tenía”, remarcó.

En el mismo sentido mencionó que “por ese caso tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ese entonces. Es decir tuvimos que ir a Washington los soldados conscriptos que defendimos la patria en ese momento, más allá de la decisión que tomó la dictadura, pero tuvimos que ir a Washington a buscar justicia, porque la Justicia argentina está mirando para otro lado”, insistió Ernesto Alonso.

Igualmente advirtió que “acá hay víctimas y también hay que decir que es un mamarracho jurídico lo que están planteando, porque se trata de investigar la tortura; algo que la República Argentina y a través de distintos fallos que hubo, como el del caso Bueno Alves, que establece que cuando la tortura la aplican funcionarios del Estado, el Estado tiene la obligación de investigar. Eso es lo que están prohibiendo, nos estamos enfrentando a un mecanismo por el cual no quieren que se sepa la verdad de los hechos ocurridos en Malvinas”, señaló el secretario de Derechos Humanos del CECIM.

Alonso no dudo en señalar que “éstas Fuerzas Armadas de la actualidad, ya no las de la dictadura, siguen sosteniendo ese mandato que dejó la dictadura en los planes de inteligencia y contrainteligencia, trabajando para que la impunidad se consagre. Pero acá hay víctimas y hay compañeros a los cuales, desde hace 40 años, les duele la tortura”, indicó.

El excombatiente, además, manifestó que se encuentran “en manos de esta Corte de Justicia, o de injusticia, que primero no tiene plazos de resolución, entonces esto puede estar en el gran sueño eterno. Ese Tribunal de Justicia es una gran cámara frigorífica, donde todos los expedientes que llegan de causas de lesa humanidad son freezados en el tiempo. Nosotros no queremos que con esto pasé lo que sucedió con la masacre de Napalpí, donde después de más de 90 años la justicia está investigando esos hechos aberrantes. Acá está pasando algo similar y quieren construir otra historia, que no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en Malvinas”, alertó Ernesto Alonso.

Incluso puso en evidencia el vocero del CECIM que no se tiene en cuenta que “con la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas, aparecen los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan los hechos de tortura; entonces ¿qué más pruebas quieren? Y la tortura, no prescribe, porque la República Argentina ha adherido a normas y convenios internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos, entonces acá hay una responsabilidad directa del Estado nacional", ratificó.  

Agregando que: “hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y de ahí para abajo, de esta situación por la cual pasamos ni más ni menos que los que hace 40 años fuimos llevados por la dictadura militar, nos enfrentamos al enemigo y combatimos contra el imperialismo. Están mirando para otro lado y quieren que se cuente una historia de Rambo; de esos íconos que nos dejó la dictadura como (Aldo) Rico, (Mohamed Alí) Seineldin y tantos otros; a los que cuando le preguntás sobre estos hechos les agarra amnesia”, denunció.   

Ernesto Alonso aseguró que los hechos de tortura ocurrieron “en todas las unidades militares que participaron en Malvinas”, mencionó. Señalando que son hechos que ocurrieron “en la Fuerza Aérea, en la Marina y en el Ejército”. Comentó que “la Fuerza Aérea, alrededor de Puerto Argentino, enterraba soldados argentinos por ir a buscar un paquete de galletitas por hambre. El Regimiento 5, en la Isla Gran Malvina en puerto Yapeyú, enterraba soldados como los de los casos que se denunciaron”, precisó.

Pero además relató, el referente del CECIM, que “el Regimiento 25, de Seineldín, utilizaba los teléfonos de campaña para picanear a los soldados. El BIM 5 de Río Grande, también utilizaba los teléfonos de campaña para picanear soldados, o sea que no fueron hechos aislados, hubo órdenes precisas. Hay un testimonio de (Mario Benjamín) Menéndez, reconociendo que hubo órdenes de disciplinamiento de la tropa, utilizando métodos que no estaban dentro del reglamento. Entonces que no vengan a decir que era “el calabozo de campaña”, porque en el propio expediente, en la causa, las propias fuerzas armadas dicen que eso no está dentro del reglamento militar”.

Para finalizar, Alonso manifestó que “lamentablemente, se consolida la impunidad, y lamentablemente en estos 40 años el proceso de memoria, verdad y justicias que el pueblo argentino ha consagrado a través de la lucha de los organismos; todavía no concluyó con la guerra de Malvinas”.     

Vale señalar que, con la decisión de la sala I del máximo tribunal penal federal del país, se benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de "vejaciones" quedaron de esa forma anulados.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución. Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.

La agencia de noticias Télam repasa que, “entre las víctimas, estuvieron los soldados Jorge Diez, Carlos Rodas, Elvio Nis, Antonio Gallardo, Román Solís y José Suárez, quienes denunciaron que fueron obligados a sentarse dentro de un pozo, enterrados hasta el cuello sin abrigo, casi por diez horas como castigo por haber sustraído una oveja para comer”.

En otro caso, el del conscripto Mario Sauco, se lo obligó a poner sus pies "cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes”. El soldado Carlos Argentino Pereyra fue “estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada", según la causa judicial.

Los exmilitares imputados en esta parte del caso estaban destacados en el Regimiento de infantería 5 de Paso de los Libres, en Corrientes, cuando comenzó la guerra y se los trasladó a combatir entre abril y junio de 1982.