“Lo que se está realizando es un  inventario, dónde la empresa voluntariamente accedió a que entráramos al inmueble, para hacer un inventario con un escribano público. Nosotros hemos iniciado el juicio de desalojo hace ya un tiempo, pero lo que estamos tratando de evitar es que llegue el invierno y que el inmueble siga cerrado”, explicó el abogado Sebastián Marchisio, quien representa a los propietarios del inmueble donde funcionara la sucursal de Garbarino, en Río Grande, que se encuentra cerrada desde hace meses, como el resto de las sucursales del país.

El letrado advirtió que la caldera no está funcionando “y eso pasa factura sobre este tipo de inmuebles, por eso lo que estamos tratando de lograr es la entrega voluntaria del mismo”, aclaró. Vale mencionar que el contrato de alquiler cayó en octubre del año pasado y el abogado precisó que “se había otorgado una prórroga en octubre de 2020, luego de la pandemia, y finalmente se había vencido en octubre del año pasado y por las vicisitudes y los problemas de Garbarino se negaban a entregar el inmueble”, relató.

Después dijo que hay una deuda “bastante abultada”, peor la misma no se calculó con precisión por ser “por ocupación extemporánea”; de todas formas aclaró nuevamente que las propietarias “lo único que tienen como objetivo es recuperar la posesión del inmueble”. En cuanto a la mercadería, señaló que debe ser Garbarino quien resuelva sobre ella, aclarando que “tampoco es mucha”, la mercadería que se encuentra en el edificio.

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