Desde la Unión Empleados de Justicia de la Nación emitieron un comunicado que comienza señalando que “Debemos recordar a todos los trabajadores del Poder Judicial Nacional y  Federal, que sostenemos que se deben administrar de la mejor manera los recursos  económicos, para brindar el servicio y asistencia de salud”.

Luego se advierte en el texto que “Las obras sociales son “organizaciones de la seguridad social, financiadas mediante el  aporte y la contribución obligatorios, de trabajadores y empleadores –respectivamente–, cuyos fines son la prestación de servicios de salud”.

El comunicado que firma el secretario General de la UEJN, Luis Bechis, indica más adelante que “Debemos tener una obra social para todos los y las judiciales en este  tiempo estrictamente basado en la habilidad (mérito) para administrar los recursos y brindar el servicio de salud que el aportante se merece; esto es los agentes integrantes del Poder Judicial”.

En su carácter de titular del gremio judicial, Bechis manifiesta: “Creo que sería respetado y aceptado, un análisis de la integración de los que dirigen o bien administran Obra Social del Poder Judicial de la Nación; por que las y los empleados judiciales, lo que piden y solicitan a diario, es que nos cuiden y ser iguales en dignidad y derecho”.

Más adelante reclama “No utilizar el poder del cargo que se ostenta para direccionar en políticas, que no son en beneficio de los aportantes y sostenedores de dicho organismo. Sostenemos que la Obra Social, se debe administrar con equidad y un principio fundamental es la igualdad, proponemos la integración de un representante de los trabajadores”, menciona el comunicado.

Manifestando después que “Por fin una denuncia por presunta corrupción, para que los medios se encargaran de la Obra Social del Poder Judicial. Siendo una realidad el pésimo servicio y las quejas elevadas a la Corte para que intervenga”.

Finalmente dice Luis Bechis, en el comunicado distribuido, que como sector esperan “que esto que comienza, derive en una profunda investigación de una obra social que hasta hace unos años era orgullo de la familia judicial y una de las mejores del país”, concluye el escrito.

Vale recordar que, días atrás, oficiales de la Policía Federal ingresaron a la sede central de la obra social de los judiciales nacionales, a requerir información en el marco de una causa impulsada por el fiscal Carlos Rívolo contra su presidente Aldo Tonón, designado por el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda.

Los oficiales de la policía ingresaron a las instalaciones de la Obra Social del Poder Judicial en la calle Lavalle al 1600 de CABA, por orden de la jueza María Capuchetti en búsqueda de información sensible.

A diferencia de otras obras sociales gremiales la entidad no está controlada por el sindicato de la actividad, la UEJN, sino por la propia Corte Suprema de Justicia que oficia de patronal en la justicia.

La investigación busca determinar la existencia de un padrón de presuntos “afiliados vip” que accederían a prestaciones de mayor costo negadas para el común de los afiliados violentado el carácter solidario de las obras sociales y, además, la posible existencia de afiliados a la obra social que no pertenecen al Poder Judicial. Por último están bajo la mira licitaciones millonarias a una empresa de origen cordobés.