La situación la dieron a conocer los propios trabajadores y trabajadoras de Ambassador Fueguina, con un escrito donde señalan inicialmente que la vigencia del subrégimen de promoción industrial debería tener como objeto el resguardo y la defensa de los trabajadores, en contra de lo que ellos vienen padeciendo desde hace mucho tiempo. Además vuelven a referirse al abandono que sufren por parte de la conducción de la UOM Seccional Ushuaia, quienes los abandonaron a su suerte.

Luego manifiestan en la publicación que “a menos de 24 horas” de su nuevo ingreso a la planta, con el objetivo de resguardar las instalaciones y los bienes ante la inminencia de un remate, la jueza María Cristina Barrionuevo resolvió que “a partir de este momento nadie más puede entrar y esto incluye todo tipo de alimentos y bebidas”. Además, si alguien sale del lugar no puede volver a entrar.

Las trabajadoras y los trabajadores de Ambassador señalan “sentimos que nos están tratando como si fuéramos delincuentes, ni siquiera a alguien que se encuentra privado de su libertad le quitan el derecho o posibilidad de hidratarse o alimentarse”. Mencionan que están a punto de quedarse sin agua potable, pero advierten que no están dispuestos a “abandonar nuestros puestos de trabajo” y hacen responsables “a quienes corresponda” por su estado de salud. Por último solicitan al Poder Ejecutivo que intervenga en esta situación.