“Lo venimos manifestando desde hace muchos años, porque los distintos gobiernos provinciales no están logrando cumplir con la el piso de lo que establece la Ley Provincial, sobre cómo debe ser liquidada una pensión RUPE. Además que el paquete de leyes de 2016 incluyó un  ítem que no existía, que es totalmente anticonstitucional –que es el tema de la obra social- y que el gobierno anterior, ante los reclamos hizo cómo que lo compensaba al no descontárselo directamente del haber al beneficiario RUPE”, relató María José Pazos, integrante de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma, refiriéndose a la situación de los pensionados.

Mencionó, en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, que fueron cuestiones discutidas durante la campaña electoral con “quienes están gobernando cuando eran candidatos, en ese entonces asumieron que esto estaba mal –antes y después de las elecciones; pero ya pasaron seis meses por eso el día 5 de mayo presentamos un  petitorio directamente en la secretaría privada del gobernador, en Casa de Gobierno, al cual no recibimos respuesta formal. Solo hubo una reunión virtual por zoom, así como de apuro, con la ministra de Desarrollo (Verónica González)”, relató.

Pero indicó que en ese encuentro “lo que nos dio a entender la ministra de Desarrollo es que las decisiones políticas no pasan exclusivamente por ella, siempre las excusas pasan por el ministro de Economía, que el presupuesto no alcanza, que es reconducido, una lista de excusas bastante grande. Pero este gobierno ya lleva seis meses de gestión y si bien están haciendo –y lo dijo entre comillas- un esfuerzo, ese esfuerzo no alcanza”, aseguró Pazos.

La representante de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma repasó que “las pensiones estaban en alrededor de 20 mil pesos, pasaron recién el mes pasado a 23 mil y este mes a 26 mil. En febrero, una organización sindical que prácticamente no tienen representación entre el colectivo de las personas con discapacidad cómo es ATE, sin consultar con las organizaciones que representamos a las personas con discapacidad en la provincia; y el Gobierno provincial sin consultar con nosotros, firman un convenio dónde dice que el haber para las pensiones RUPE será de 30 mil”, indicó.

María José Pazos advirtió que “todavía nadie puede explicar de dónde salió ese número”, pero aun así advirtió que “ese monto no se cumplió y no se llegó a los 30 mil pesos, porque el bruto por todo concepto de una pensión por discapacidad debería estar rondando los 36 mil pesos. O sea que el convenio con ATE no solo no se está cumpliendo para los estatales, tampoco se está cumpliendo para las RUPE y se está lejos del monto que debería ser”, concluyó.