El caso se ventiló a la opinión pública a través de algunos medios de comunicación y del comunicado que emitió el FEUF, incluso en algunos portales se confunde el delito por el cual se condenó a la persona que solicitó estudiar, catalogándolo como “violador” cuando en realidad fue condenado por abuso sexual contra una menor.

“¿Cuántas veces leíste o escuchaste en la tele que una persona privada de su libertad salió en contra de todas las recomendaciones de los profesionales que los evalúan? ¿Cuántas veces viste eso después de enterarte de una nueva víctima de ese mismo preso que no debería haber salido nunca?”, arranca el comunicado del centro de estudiantes de la UNTDF, tomando como referencia para elaborar su postura lo leído en algunos medios escritos o lo visto “en la tele”.

Después salen al cruce de la resolución de la jueza Natalia Buitrago, a pesar de reconocer que la funcionaria judicial indicó “que se tomen todas las medidas y recaudos” para que la persona pueda concurrir a cursar la carrera. Vale señalar que se trata de una persona que ya completó dos carreras terciarias, en contexto de encierro, a partir de la posibilidad que el CENT 35 da mediante su presencia institucional en la Unidad de Detención de Río Grande.

El texto de los estudiantes de la UNTDF señala también que “Siempre nos plantamos en contra de la violencia, siempre nos plantamos en contra de todas las formas de revictimizacion que genera la Justicia, no nos podemos quedar callados. Te invitamos a que sumes tu voz para decirle NO a la Jueza Buitrago. La Justicia es la responsable de permitir esto”.

Sin embargo, a partir de la difusión de este hecho, hay que decir que algunas publicaciones exhibieron la fotografía y el nombre de la persona privada de su libertad. Revictimizando de esa forma a quien fue víctima del delito por el cual se lo condenó, ya que tenía una relación familiar con él. De esa revictimización no se dice nada en el comunicado.

Vale finalmente aclarar que la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ante la pregunta de si una persona privada de su libertad puede estudiar responde: “Una persona privada de libertad puede acceder a todos los niveles de educación, también al universitario. La educación es obligatoria para las personas  analfabetas o que no alcanzaron el nivel escolar mínimo. El estudio permite pasar de fase en la progresividad del sistema penitenciario  en menos tiempo”. No se dice allí que la posibilidad de estudiar depende del delito que se haya cometido.

Aclarando además, respecto de los traslados de las personas que se encuentran detenidas, que los mismos deben ser “Sin publicidad. En medios de transporte seguros e higiénicos. Con medidas para evitar la presencia de curiosos”.