El Juzgado Federal de Río Grande, bajo la titularidad de la jueza Mariel Borruto, dictó una resolución trascendental vinculada a la presentación formalizada por la Fundación Agustina Lerena contra la explotación pesquera irregular de buques extranjeros en el archipiélago. Al ser consultado sobre el alcance y la fundamentación de la medida adoptada por la magistrada, el secretario del tribunal, Dr. Juan Vicente, precisó el alcance de la acción iniciada en la provincia de Tierra del Fuego.

“Sí, en efecto hubo una presentación que se enmarca contra una demanda de naturaleza ambiental que lo que busca es impedir que ciertas empresas que estarían realizando explotación pesquera en la zona de Malvinas y que contarían con autorizaciones que no son del Estado Nacional Argentino, sino que son probablemente isleñas o británicas, y lo que se solicitó justamente es que se impidiese que continúen con la explotación que están llevando adelante, más que nada fundados en esta cuestión de naturaleza ambiental, porque esa explotación que se realiza va generando una afectación necesaria en lo que es la biodiversidad dentro del mar argentino, que no ha sido autorizada por el Estado Nacional. Los Estados Nacionales cuando autorizan alguna actividad de tipo extractiva, siempre hacen un cálculo de costo-beneficio de lo que esa extracción supone como costo, como pérdida, y los beneficios que trae”, explicó el funcionario judicial. En ese contexto, remarcó las consecuencias directas de la falta de supervisión argentina al señalar que “en este caso al no existir un control por parte de Estados Nacionales de autorización, no tenemos ninguno de los beneficios, digamos que sería el cobrar por la cuota de esa pesca, y sí los perjuicios que implican la depredación de los frutos del mar”.

Sobre el origen de la demanda y quiénes cuentan con la capacidad jurídica para canalizar este reclamo en resguardo del patrimonio biológico nacional, Vicente detalló la legitimación de la parte demandante. “Es una fundación, ‘Agustina Lerena’, que se dedica a temas de materia pesquera, y que justamente por la amplitud que admite la cuestión de naturaleza ambiental, justamente se reivindica el derecho de poder accionar en nombre de todos los interesados, que somos todos los habitantes de la nación argentina en la conservación del paseo marítimo”, expuso el secretario.

Al indagar sobre la efectividad de estos fallos frente a firmas transnacionales y el acatamiento real que suelen tener este tipo de resoluciones dictadas en el país, el secretario judicial planteó la vía requerida para que la orden judicial tenga validez efectiva en el plano internacional. “Sí, ahora viene la parte del desafío, que es lo mismo que decíamos cuando hablábamos de las causas con las petroleras. Al tratarse de empresas que tienen radicación fuera del Estado Nacional, es necesaria la intervención de la Cancillería para lograr la notificación de esas empresas, en sus sedes, donde estén, en el país que sean. Así que ahora es necesaria justamente esa parte, la parte diplomática, de que Cancillería realice las comunicaciones para que las empresas puedan conocer la existencia de la demanda, puedan presentarse, defenderse y, por supuesto, cumplir con la orden emitida”, sostuvo.

Respecto al estado actual del trámite administrativo y si el expediente ya se cursó hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Dr. Vicente aclaró la dinámica propia del fuero al señalar que “eso queda en responsabilidad de justamente los demandantes, que son quienes tienen que confeccionar las comunicaciones, porque esto es un proceso civil, no lo hace de oficio el juzgado, sino que quien lo solicitó tiene que hacer las comunicaciones para que sean revisadas por Cancillería”.

Finalmente, al profundizar sobre el impacto que este recorrido formal tendrá en los plazos legales del proceso, el funcionario remarcó la complejidad del tramo diplomático. “Va a depender justamente de eso, en el momento en que estén notificados, de ahí en adelante. La parte más difícil, obviamente, es la notificación, porque justamente hay que pedir la colaboración a la comunidad internacional y a otros países para que la lleven adelante”, concluyó el secretario.