Villegas puso el foco en los números analizados durante la reunión de comisión y planteó que, aun en el mejor escenario de recaudación, el proyecto permitiría obtener alrededor de $10.000 millones al año, es decir, aproximadamente $833 millones mensuales.

De ese monto, de acuerdo con lo establecido en el proyecto, el 50% tendría como destino el pago de salarios docentes. Esto significa unos $416,5 millones mensuales. El legislador contrastó ese número con la masa salarial docente actual, estimada en alrededor de $33.000 millones mensuales, lo que representa unos $396.000 millones anuales.

“Si ponemos los números sobre la mesa, los $416,5 millones mensuales destinados eventualmente a salarios representan apenas el 1,26% de la masa salarial docente”, señaló Villegas.

Y planteó el interrogante central de su posicionamiento: “¿Alguien puede realmente sostener que una ley que aporta apenas el 1,26% de la masa salarial va a resolver los problemas de financiamiento del sistema educativo?”

Para Villegas, la discusión no pasa por negar la necesidad de garantizar recursos para la educación, sino por evitar que se pretenda solucionar una problemática estructural mediante nuevos impuestos o quitándole recursos a los municipios, cuando el impacto real de esos fondos sobre el sistema resulta limitado.

“Tenemos que discutir seriamente cómo se financia la educación, cómo se mejora el salario docente y cómo se garantizan las condiciones para enseñar y aprender. Pero no podemos venderle a la sociedad una falsa solución. Si el resultado de crear nuevos impuestos o afectar otros recursos es conseguir un 1,26% de la masa salarial, entonces tenemos que preguntarnos si este es realmente el camino”, sostuvo.

El legislador remarcó que antes de avanzar con una nueva carga tributaria, la Provincia “debería revisar sus prioridades, transparentar el uso de los recursos existentes y explicar por qué necesita recurrir nuevamente al bolsillo de los contribuyentes y a los fondos municipales”.

“Los fueguinos ya hacen un esfuerzo enorme para sostener al Estado. No podemos seguir trasladando el costo de los problemas estructurales a quienes producen, trabajan, consumen y también a los municipios. Si vamos a crear una herramienta de financiamiento educativo, tiene que ser una solución real y no una respuesta de impacto marginal”, concluyó el parlamentario.