El proyecto presentado por el Ejecutivo crea la Sociedad Portuaria de la Provincia y comienza señalando que la iniciativa “propicia la creación de la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria Sociedad Anónima de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Luego se refiere a la Ley Nacional de Puertos 24.093, donde se dispuso la provincialización de los puertos federales y los principios de descentralización y ampliación de las competencias de los privados, creando la figura de puertos privados y entidades con autarquía.

El mismo proyecto hace referencia a puertos europeos que se abrieron a la explotación privada, intentando argumentar la iniciativa que se propicia desde el gobierno de Gustavo Melella.

El artículo primero crea la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria Sociedad Anónima “que tendrá a su cargo la explotación y gestión de la actividad portuaria en Tierra del Fuego”. Luego dice que la misma se conformará “con sujeción al régimen establecido para las sociedades anónimas, delegando en el Poder Ejecutivo Provincial la elaboración del estatuto, la composición accionaria y la conformación de su directorio”.

Señala que el directorio procurará “en todo momento una gestión empresarial ágil y eficiente, asegurando la transparencia, competencia y publicidad de sus negocios”. Avanza sobre los objetivos y el ámbito de actuación que tendrá dicha sociedad, indicando que el Poder Ejecutivo Provincial “se reservará la denominada acción de oro que deberá quedar reflejada al momento de la conformación de la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria Sociedad Anónima en lo que hace a decisiones estratégicas de políticas públicas”.

El artículo 7 se refiere a la promoción de inversiones privadas en este ámbito. Entre otros puntos también se habla sobre los aportes que los sectores privados “con representación en el directorio o accionistas que deban efectuar, por haberse así decidido o para hacer frente al déficit que se produzca o a las obligaciones que excedan la capacidad económica o financiera del ente”.