Tras la última reunión de la comisión paritaria, se acordó un incremento del 3% para febrero y marzo —1,5% por mes— junto a un bono escalonado de 8.000, 11.500 y 20.000 pesos según la carga horaria semanal.

Sin embargo, Sánchez advirtió que el impacto es mínimo. “No es un aumento de 200 mil pesos, son aumentos de nada, 100 pesos, 200 pesos. En categoría 4, el valor por hora pasó de 4.543 a 4.611 pesos. No alcanza para nada”, detalló por FM del Pueblo.

Además, denunció que hay trabajadoras que todavía no cobraron el bono anterior y que el nuevo tampoco está garantizado. “Hay compañeras que hace seis meses que no les aumentan el sueldo”, manifestó Sánchez.

 

Recibos irregulares y aportes sin controlar

 

Otro de los puntos críticos es la falta de entrega de recibos en tiempo y forma y la incertidumbre sobre los aportes previsionales. En este sentido, precisó que “no sabemos si los aportes están hechos o no. Además, la mora impacta directamente en beneficios como el descuento en la tarjeta SUBE y, a futuro, en la jubilación”.

También remarcaron que muchas trabajadoras no tienen herramientas digitales ni recursos para verificar su situación en organismos como ANSES. “Hay compañeras que no tienen ni para cargar el teléfono”, describieron.

En ese marco, pidieron mayor compromiso de profesionales y empleadores: “Por favor, interésense por la situación de las trabajadoras de cada hogar”.

 

 Despidos y precarización

 

Según indicaron, en los últimos días hubo casos de trabajadoras despedidas tras reclamar el bono o consultar por sus derechos. “A muchas compañeras les dijeron: trabajás hasta el viernes y después no vengas más”, afirmó.

“Cristina nos dio una ley que está buenísima, porque se nos han reconocido un montón de derechos, pero si la ley está hermosa y no se cumple, ¿qué hacemos?”, planteó.

También cuestionó la falta de respuestas sostenidas a lo largo de distintas gestiones: “Esto no es de hoy, esto es hace 12, 13 años que estoy con esto”, afirmó, y remarcó que los reclamos se repiten sin importar el signo político del gobierno de turno.

El sector se rige por el régimen especial de trabajadoras de casas particulares y depende de acuerdos paritarios que luego deben ser homologados por el Gobierno nacional: “Si no nos homologan, por más que se haya acordado algo, no es válido”, explicó la referente.

 

Contexto económico y reclamos estructurales

 

Asimismo, sostuvo que la situación se agravó en el actual contexto económico. “Hoy estamos todos en el Titanic. La mayoría de las trabajadoras no podrá sostener el deterioro del poder adquisitivo”.

A su vez, remarcó que muchas sostienen estudios propios o de sus hijos y enfrentan altos costos de transporte, a lo que destacó que “por ahí es la diferencia de un kilo de pan para sus niños”, al referirse a los incrementos salariales.

Finalmente, destacó el acompañamiento del municipio local en materia de capacitaciones y asesoramiento, aunque cuestionaron la falta de respuestas a nivel provincial y nacional. “No es un grupito de WhatsApp, somos trabajadoras”, cerró.