El comunicado de la asociación ambientalista indica que “En un contexto de avances extremos del cambio climático, con impactos cada vez más visibles sobre los ecosistemas, las ciudades y las condiciones de vida de la población, y frente al crecimiento de discursos de negacionismo climático que cuestionan la evidencia científica y debilitan las políticas públicas, resulta especialmente grave el debilitamiento de las estructuras estatales encargadas de la gestión ambiental. Estas decisiones no solo implican un retroceso institucional, sino que dejan a la sociedad en una situación de mayor vulnerabilidad frente a riesgos ambientales presentes y futuros, al tiempo que refuerzan narrativas que minimizan o niegan la gravedad de la crisis socioambiental.

En el ámbito del Gobierno Provincial, la situación se agrava frente a la renuncia de la planta política de la Secretaría de Ambiente, sin que hasta el momento se avizore la designación de reemplazos con igual jerarquía institucional, categoría administrativa ni solvencia técnica que el equipo que dejó el área. Esta falta de definiciones profundiza el vaciamiento de la política ambiental provincial, genera incertidumbre operativa, paraliza líneas de trabajo estratégicas y debilita la capacidad del Estado para planificar, regular y controlar actividades con impacto ambiental.

De manera simultánea, se observa en el nivel municipal un proceso de debilitamiento de las áreas ambientales, expresado en la reducción de capacidades técnicas, la pérdida de continuidad de programas y la disminución del rol estratégico de estas dependencias en la planificación urbana y territorial de Ushuaia. Este escenario resulta especialmente preocupante en una ciudad atravesada por conflictos ambientales crecientes y por una fuerte presión sobre su entorno natural.

Este proceso local se inscribe, además, en un contexto nacional de ajuste de las áreas ambientales, acompañado por el avance del extractivismo y por intentos de modificación o derogación de leyes fundamentales de protección, como la Ley de Glaciares. En este marco, debilitar las áreas ambientales provinciales y municipales no puede interpretarse como una decisión aislada o meramente administrativa, sino como parte de un conjunto de políticas regresivas y peligrosas, que reducen la capacidad del Estado para proteger bienes comunes estratégicos y garantizar derechos ambientales fundamentales.

Tierra del Fuego alberga ecosistemas de altísimo valor ecológico y cultural —bosques subantárticos, turberas, humedales, costas y ambientes marinos— cuya conservación requiere presencia estatal activa, planificación, monitoreo y control. Sin áreas ambientales fortalecidas no hay evaluación ambiental rigurosa, no hay control efectivo, no hay educación ambiental sostenida ni participación ciudadana real.

La Asociación Manekenk advierte que el vaciamiento de las áreas ambientales no es neutral ni inocuo: es una decisión política que favorece la opacidad, debilita los controles y habilita escenarios de mayor conflictividad socioambiental. En un contexto de crisis climática y avance del negacionismo, renunciar al rol del Estado en materia ambiental es una irresponsabilidad histórica.

Manekenk no permanecerá en silencio frente a estas políticas regresivas. Exigimos definiciones claras, la restitución de jerarquías institucionales y el fortalecimiento real de las áreas ambientales. Sin ambiente no hay desarrollo, sin políticas ambientales no hay futuro”.