“Lo que alguna vez sentó un precedente histórico en materia ambiental para la Argentina, hoy abre un nuevo capítulo de regresión ambiental”, aseguró Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace.

El experto agregó que “la evidencia demostró que en zonas donde los salmónidos no son nativos y existen ecosistemas de alto valor y fragilidad como el Mar Argentino, existen graves impactos ambientales que no son posibles de evitar”.

Un sitio especializado, “Noticias Ambientales”, indicó que “la salmonicultura en Tierra del Fuego representa un riesgo significativo de contaminación para los ecosistemas marinos, según alertó la organización ambientalista”, refiriéndose a Greenpeace.

Luego se indica que “Diversos artículos e investigaciones científicas documentaron los impactos del cultivo de salmón. En particular, estos se asocian principalmente a la afectación directa del ecosistema marino. Como ejemplo reciente y cercano se cuenta la crisis ambiental que vivió Chile, segundo productor de salmones a nivel mundial”.

“Esta demostró con claridad cómo la salmonicultura afecta el ambiente de manera agresiva. Los principales daños ambientales incluyen: Contaminación de las aguas. Potencial desarrollo de floraciones algales nocivas (fenómeno conocido como marea roja). Introducción de una especie exótica que generará desequilibrio y pérdida de fauna nativa. Afectación de ecosistemas sensibles como pastos marinos y bahías de gran marea. Impacto sobre la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. Muchos de estos daños tardan décadas en ser reparados e incluso pueden ser irreversibles”, advirtieron.

En línea con Greenpeace, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que nuclea a más de 30 organizaciones de la región, también denunció la flexibilización de la norma. Este señaló que la decisión constituye una regresión ambiental con implicancias profundas.

“La modificación de la Ley N° 1.355 implicó una vulneración del principio de no regresión en materia ambiental», destacaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)”. La organización agregó que la medida supone “un incumplimiento del Acuerdo de Escazú”. Cabe señalar que este último “exige estándares vinculantes en acceso a la información, participación pública y elaboración de políticas ambientales”.

Francisco Viddi, de Fundación Melimoyu de Chile, señaló que “las aguas de la costa Atlántica de Tierra del Fuego presentan amplitudes de marea tremendamente significativas, una exposición a un oleaje intenso e importantes corrientes”.

Estas condiciones “hacen técnicamente inviable, o de muy alto costo, la instalación y desarrollo de sistemas de cultivos de salmones y truchas en granjas marinas”, explicó el experto. Por todo esto, el Foro pidió a las autoridades fueguinas que escuchen la voz de la ciudadanía, la ciencia y la naturaleza. “Se busca que se abandonen los proyectos que entran en conflicto con la economía, la cultura y la identidad fueguinas”, remarcó “Noticias Ambientales”.