La inauguración fue durante un acto que se realizó a las 17 horas, en el Espacio para la Memoria ubicado en la intersección de la Avenida Belgrano y Mackinlay. Al evento concurrieron diferentes organizaciones gremiales, sociales, ambientalistas y políticas; además de vecinos y vecinas que fueron por su cuenta.

El texto del documento que se leyó señalaba que “Cada 10 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se presenta una oportunidad para repasar la situación que existe a nivel mundial, a nivel nacional y también local; respecto de la defensa de esos derechos inalienables que tenemos las personas, más allá de nuestras circunstancias y condiciones individuales.

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, entendemos que atravesamos tiempos complejos a nivel planetario. Hemos naturalizado las constantes guerras en las que mueren niños, niñas, mujeres y hombres que lejos están de quienes iniciaron esas matanzas codiciando recursos naturales y tierras para satisfacer su ambición.

Somos testigos, ante el silencio de  los países del mundo, del genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel con el acompañamiento de Trump y la complicidad de sus lacayos, como nuestro presidente. El mismo Trump que, no satisfecho con considerarse el gendarme del planeta, ha desempolvado la doctrina Monroe y no duda en intervenir en las elecciones de los países latinoamericanos y de acusar de narcotraficante al presidente Maduro para tener una excusa para invadir Venezuela.  

No respetar los derechos humanos se ha convertido en moneda corriente, en el mundo, también en nuestro país, y estamos convencidos y convencidas de que en nuestra provincia quienes ostentan algún tipo de poder, en los tres poderes del Estado, no están haciendo todo lo posible por el respeto irrestricto de dichos derechos, ni ponen como prioridad la cobertura incondicional de los mismos para quienes habitamos Tierra del Fuego AeIAS.

Por ese motivo, nos parece importante hacer un repaso generalizado de la situación, pero también poner especial énfasis y focalizar en los problemas que tenemos las fueguinas y los fueguinos; porque a la hora de respetar los derechos humanos no alcanza con la organización de eventos, los discursos o las declaraciones pomposas; ya que lo que se necesita son decisiones políticas claras y medidas que lleguen a la gente, para que esos derechos se garanticen en la práctica y mejoren nuestras vidas.

En nuestra provincia, existe mucha materia pendiente con respecto al respeto de los derechos humanos y las garantías que debe otorgar el estado, más allá de las medidas nacionales que repercuten directamente sobre nuestra calidad de vida.

Hoy en Tierra del Fuego tenemos barrios sin servicios básicos, un acelerado crecimiento de la desocupación; el deterioro de la atención en salud en general y en salud mental en particular; el retroceso en las condiciones de las escuelas;  la falta de asistencia adecuada a los comedores comunitarios; la falta de acompañamiento concreto a las víctimas de violencia de género; la situación de hacinamiento en cárceles dónde no se garantiza además la atención sanitaria ni la comida en cantidad y estado adecuados, el saqueo de bienes naturales entregando soberanía; son solo algunos de los problemas que fueguinas y fueguinos vemos crecer día a día; sin que el estado de las respuestas adecuadas, ni muestre preocupación cierta por resolver.

En todo el país el Gobierno de Javier Milei viene avanzando con una motosierra que recorta derechos, conquistas, calidad de vida, salud, educación, fuentes de trabajo y condiciones dignas de vida para la gran mayoría de las argentinas y los argentinos. Nos lleva a niveles nunca vistos en nuestro país de retroceso en  todas y cada una de las áreas que debe garantizar el estado, para el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, para beneficiar a los ricos y poderosos nacionales e internacionales.

Al compás de la partitura que le dicta Donald Trump y el FMI desde Estados Unidos, su tenebrosa orquesta avanza con un concierto de macabras medidas que dejarán secuelas difíciles de revertir. En ese camino nos endeuda, entrega nuestros recursos, regala nuestra soberanía y se exhibe como un patético fantoche del imperio.

El presidente está esperando que diputados, diputadas, las y los senadores cómplices  aprueben las leyes que le pide el Fondo Monetario y que van a terminar con los derechos de las y los trabajadores, va a precarizar aún más las condiciones laborales para beneficiar a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Nos quieren hacer creer que por tener trabajadores precarizados, sin derechos, se van a crear puestos de trabajo; nos quieren vender que los productos importados, que la quita de aranceles a lo que viene de afuera nos va a permitir vivir mejor. No nos dicen quiénes van a poder acceder a esos bienes cuando vemos todos los días noticias del cierre de fábricas, de comercios y cientos de trabajadoras y trabajadores despedidos.  

Y con la misma zanahoria de la creación de puestos laborales entregan nuestros recursos naturales. Por eso, en el Día de los Derechos Humanos queremos hacer especial hincapié en el derecho a vivir en un ambiente sano. Una fecha que nos invita a poner los derechos humanos en movimiento, a repensar sobre las violaciones y violencias que se están cometiendo en nuestro territorio.

Hoy hablar de extractivismo es poner en palabras la falta de políticas públicas que prioricen la integridad de su pueblo y la construcción de trabajo digno. Toda actividad que esté basada en la entrega de bienes naturales, el saqueo y el despojo de la trama social, solo busca alimentar la codicia de unos cuantos antes que la protección de los derechos básicos necesarios. Somos naturaleza y sin ella no hay vida. 

El Gobierno quiere modificar la Ley de Glaciares, una ley que nos protege, que resguarda a las fuentes de agua en un mundo atravesado por el cambio climático, donde el retroceso de los glaciares es notorio. Sino, observemos detenidamente por un instante al glaciar Martial y veremos que tristemente está retrocediendo, además de que están permitiendo la construcción de un centro de ski, destruyendo bosques, aguas, vida, solo para la diversión y el negocio del turismo extractivo.

En nuestra provincia algunos están promoviendo la salmonicultura, una práctica abusiva, que provoca daños irremediables y no genera un desarrollo sustentable; quieren aplicarla tanto en los mares de Río Grande, como en las tierras de la provincia. No se sabe fehacientemente dónde quieren instalar estas megaindustrias, pero sí que entregarán las distintas fuentes de agua para su uso de forma inconsulta.

Detrás de tantas mentiras que duelen, de promesas vacías, es importante que nos preguntemos sobre ese desarrollo del que hablan ¿para qué?, ¿para quién? y ¿a qué costo?

Las políticas nacionales del gobierno de Milei, bajo el RIGi, basadas en la entrega de nuestros bienes comunes y de la soberanía a capitales extranjeros, son reproducidas por las políticas del gobierno provincial de Gustavo Melella. Tanto el gobierno provincial, cómo La Libertad Avanza son los principales impulsores de este proyecto, que solo beneficia a unos pocos y destruye el ambiente a largo plazo.

Por eso vemos en estos días la ofensiva legislativa de aprobar la modificación de la Ley 1355, con argumentos falaces, vendiendo la falsa idea de progreso y generación de puestos de trabajo, jugando con la incertidumbre de miles de familias fueguinas que no saben que va a pasar, después de diciembre, con su fuente laboral.

Estos retrocesos forman parte de una misma lógica antropogénica que concibe a la naturaleza como mercancía, y a las comunidades como descartables. Por eso, hoy más que nunca, desde la docencia, desde la militancia y desde el amor por esta isla que habitamos, decimos que defender el agua es defender la vida, y que no hay derechos humanos posibles en un territorio devastado.

A Milei, que ganó prometiendo pasarle la motosierra a la casta política, no le tembló el pulso para mostrar su verdadera cara y empezar a aplicar recortes en educación, salud, en las jubilaciones y a las personas con discapacidad. Todo acompañado de una feroz represión.

Las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en el marco de la llamada “batalla cultural” que fogonea el gobierno nacional y sus bufones mediáticos, dejaron de ser sujeto de derecho para tornarse una suerte de abusadores seriales de las arcas del estado.

Mientras se descubren día a día los detalles del escandaloso desfalco que llevan adelante funcionarios y empresarios de la salud en perjuicio de este sector tan vulnerable de la sociedad, los sufrimientos y las pérdidas - de calidad de vida, de posibilidades de recuperación, de posibilidades de sobrevivir, de vidas humanas - arrecian sobre las personas con discapacidad. Y mientras tanto hay un exhibicionismo de la crueldad que es recibido con beneplácito o con indiferencia, en el mejor de los casos, por una parte considerable de la ciudadanía.

Para quienes convivimos con la discapacidad no es novedoso. Sólo es más intenso.

El gobierno provincial, la obra social del estado fueguino y el sistema de salud público de la provincia no son ajenos a este embate. Desde su discurso, contemplan las dificultades que nos atraviesan. Desde la práctica, nos empujan a redoblar esfuerzos y sacrificios para no perder calidad de vida. Las más de las veces no lo logramos y el Estado, que debe velar por el cumplimiento de derechos consagrados internacionalmente, está casi siempre ausente.

En los recortes también entraron las políticas que acompañan a las mujeres y disidencias dejándolas más desamparadas.

En Argentina la violencia machista no retrocede: avanza. Este año contamos doscientas veintinueve víctimas de femicidio. 229 proyectos de vida destruidos por la crueldad patriarcal. Detrás de esas cifras hay familias quebradas, amistades devastadas, hijes sin madres. En lo que va del año, ciento ochenta y ocho niñeces quedaron huérfanas por femicidio. Esos números son la evidencia del abandono estatal, y también de la indiferencia política frente a nuestras vidas.

Milei celebra el odio como bandera. Ataca a los feminismos y disidencias, a los derechos conquistados, a la memoria colectiva. Promueve la crueldad en sus discursos y festeja la violencia como herramienta. Nos acusa de exagerar mientras el país entero se desangra.

Desmantela programas de prevención, elimina acompañamientos, recorta presupuesto, y abandona a las sobrevivientes a su suerte. Y lo hace sabiendo perfectamente a quiénes afecta primero. Porque cuando el Estado se retira, nosotras quedamos vulnerables, desprotegidas, solas frente al riesgo.

No tenemos miedo, no nos van a callar, no nos van a dividir. Seguimos organizadas porque sabemos que la violencia machista no se combate con indiferencia, se combate con políticas de Estado, con financiamiento, con presencia territorial, con memoria, con comunidad y con solidaridad.

El discurso de odio, las políticas de saqueo van acompañadas del negacionismo. Hay que ocultar que hubo una generación que creyó, y luchó por un país mejor, un país para todos y todas y que fueron brutalmente asesinados, desaparecidos y torturados. Hoy la verdad les vuelve a pegar en la cara.

Y no lo vi más. Ojos vendados. Picana. De noche. De uniforme. De civil. Traslados. Fusilamientos. Las palabras y los hechos se repiten. En La Perla, y al norte, al sur, al este y al oeste de La Perla. Cincuenta años han pasado. La muerte sigue viva ante nosotros. En La Perla, para quien sabe oír, quedan los ecos de los gritos de las y los torturados.

Atacan la memoria y piden “verdad completa”. Se burlan de nuestras y nuestros muertos, de nuestro sufrimiento: de nuestros desaparecidos. Invocan una guerra que les sirva para justificar lo inhumano, lo horroroso, lo imperdonable de lo que cometieron. No cejan en el intento de escribir una historia que los limpie y justifique.

Pero les tenemos malas noticias. El hallazgo de restos humanos en terrenos que circundan al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como La Perla, en Córdoba, confirman lo que tantos testimonios de sobrevivientes y testigos han relatado a lo largo de los años: el 3° Cuerpo de Ejército torturó, asesinó y desapareció a cientos de compañeros y compañeras en ese lugar.

La contundencia del resultado de la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense es en este momento un argumento irrefutable ante el discurso negacionista imperante en los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad y arengado por el gobierno nacional sin el más mínimo pudor. Allí se pudo determinar que los suelos donde estaban sepultados los cuerpos de los y las compañeras y compañeros asesinados fueron removidos para ocultar esos crímenes. Crímenes que siguen negando cobardemente.

Verdad completa será cuando abran los archivos y nos digan qué hicieron con les miles de compañeras y compañeros detenidos, torturados y desaparecidos.

Hoy les decimos que vamos a seguir luchando, con los pañuelos blancos como bandera, con la guía de las madres y las abuelas que nos siguen marcando el camino. Por eso no vamos a aceptar el perdón a los genocidas ni prisión domiciliaria. Porque no olvidamos ni perdonamos. Juicio y castigo. Porque son 30.000