El planteo fue presentado por el secretario seccional en Ushuaia, Pedro Leonardo Brangeri, quien alertó que parte del combustible adquirido por el organismo habría sido derivado a la firma Sullair S.A., pese a que —según indicó— no existiría relación contractual entre la empresa y la DPE.

En la presentación se advierte que esta situación podría implicar un uso indebido de recursos públicos: “se trataría de una erogación sin respaldo jurídico y con apariencia de desvío de fondos”, expuso el gremio en su denuncia.

La denuncia, que se presentó ante el Fiscal de Estado, señala que “habiendo tomado conocimiento de presuntas irregularidades sobre la adquisición de combustible, que podrían configurar serias irregularidades en la gestión administrativa y financiera de la Dirección Provincial de Energía, en particular vinculadas a la adquisición y destino del combustible utilizado para la generación de energía, es que en cumplimiento del deber que me alcanza al sospechar de ciertas irregularidades administrativas que podría alcanzar cuestiones de naturaleza penal, vengo a poner en vuestro conocimiento tal preocupación solicitando su inmediata intervención”.

Posibles delitos contra la administración pública

De acuerdo con lo planteado por Brangeri, la maniobra podría encuadrarse en figuras como administración infiel o malversación de caudales, al implicar la utilización de partidas presupuestarias con fines ajenos a los que corresponden a la DPE. “Estas prácticas comprometen seriamente el financiamiento y el funcionamiento del ente energético”, advirtió el dirigente. El gremio también notificó la situación al Tribunal de Cuentas provincial, dado que existiría un eventual perjuicio fiscal.

El escrito manifiesta que la operación mencionada podría implicar un “desvío de fondos públicos y una administración antieconómica o infiel, al comprometer recursos presupuestarios sin respaldo legal ni contractual”. Agregando que “tales prácticas ponen en riesgo el financiamiento y funcionamiento del ente al distraer recursos que debieran destinarse al cumplimiento de sus funciones propias”.

Pedido de investigación

En su escrito, Luz y Fuerza solicitó que se inicie de inmediato una investigación administrativa y/o penal para esclarecer el circuito del combustible adquirido, determinar si existió o no vínculo con Sullair y establecer las responsabilidades correspondientes.

El sindicato reclamó además que se recoja documentación respaldatoria y se garantice que los trabajadores de la DPE queden deslindados de eventuales irregularidades.

De esta manera, la organización sindical exigió la intervención urgente de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de proteger el patrimonio público y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos energéticos de la provincia.

Concretamente, en su tramo final, el texto que firma Brangeri solicita al fiscal que “se disponga la inmediata investigación penal y o administrativa de los hechos denunciados”. También que “se ordene la recolección de documentación e informes que permitan determinar el circuito de fondos y la existencia o no de relación contractual”.

Igualmente, que “se evalúe la posible configuración de delitos contra la administración pública, como desvíos de fondos, administración infiel, malversación u otros que resulten aplicables”, y por último, “que se promueva el deslinde de responsabilidades respecto de los trabajadores involucrados”.