El Registro del Automotor N.º 1 de Río Grande atraviesa una crisis sin precedentes. Siete trabajadores fueron despedidos sin recibir sus salarios, luego de que la propietaria del registro se apartara de sus funciones por un grave cuadro de salud y no dejara a nadie con poder legal para asumir la conducción operativa.

La situación generó una fuerte protesta en la sede ubicada en calle O’Higgins 148, donde los empleados permanecen en “guardia pasiva” mientras el gremio reclama soluciones urgentes.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Daniel Rivarola, detalló el complejo escenario a los medios presentes. “Los compañeros se retrajeron de los puestos de trabajo. Están dentro, en el comedor, haciendo guardia. No hay toma ni conflicto, pero necesitan el dinero para vivir. El vencimiento de cuatro días sin pago ya genera deudas familiares”, expresó el dirigente.

Rivarola explicó que la titular del registro —dueña también del edificio y el mobiliario— atraviesa una situación de salud delicada, pero no designó a un apoderado que pudiera reemplazarla en sus funciones. La hija, que figura como suplente administrativa, no tiene firma autorizada ni poder para operar cuentas bancarias, pagar sueldos o tomar decisiones laborales.

“No se puede avanzar. La hija está atada de pies y manos. No puede pagar los salarios ni hacer absolutamente nada. Es un caso de abandono”, subrayó.

Desde el gremio aseguran que existía conocimiento previo de la situación sanitaria de la titular, y que los trabajadores habían solicitado una solución preventiva, anticipando este desenlace. Sin embargo, la empresa no actuó, y hoy la incertidumbre domina el escenario.

Aunque no se formalizó un cierre definitivo del registro, los siete empleados ya recibieron telegramas de despido. La medida, según el CEC, carece de fundamento legal sólido y no se encuadra dentro de las excepciones por fuerza mayor.

“No hay una situación de fuerza mayor. Esto es una decisión empresarial. Si no hay quien se haga cargo, iremos por las indemnizaciones correspondientes”, afirmó Rivarola.

Además, se señaló que no hay intervención alguna del Registro Nacional en esta crisis, ya que se trata de una delegación cedida en concesión. “Como mucho, el Registro Nacional puede cerrar la delegación y redistribuir los trámites en otros registros. Pero todo lo que está adentro —el edificio, el mobiliario, la gestión— es privado”, explicó.

Mientras tanto, los trabajadores decidieron permanecer en el lugar para evitar que los vecinos se acerquen inútilmente a realizar gestiones. La atención al público está totalmente paralizada.

“Esto también es para que la gente no venga en vano. No hay quien atienda, salvo la hija de la titular que puede seguir los expedientes, pero no puede gestionar el resto. El personal está afuera del sistema por falta de pago”, indicó el gremio.

Rivarola aclaró que este conflicto no está vinculado al plan nacional de cierre de registros automotores impulsado por el Ministerio de Justicia. En ese marco, los registros de Tierra del Fuego habían sido ratificados como operativos y no estaban alcanzados por el cierre de delegaciones observado en otras provincias.

“Se cerraron algunos en otras jurisdicciones, pero se aclaró que en Tierra del Fuego los registros continuarían funcionando. Esta situación es ajena a esa decisión. Es un problema local y privado”, puntualizó.