María José Pazos, una de las personas que participó de la reunión entre familiares y personas con discapacidad con el Gobierno provincial, dialogó por Radio Provincia con el programa radial “Desde las Bases”, y señaló que para poder concretar el encuentro “la espera fue tan larga como el tiempo que hace que este gobierno fue elegido en la primera gestión. Nosotros esta reunión la teníamos pedida desde antes que asumiera su primer mandato este gobierno, así que fue una larguísima espera”.

“Pero bueno, se concretó y pudimos estar sentados en la Casa de Gobierno, fuimos atendidos por el gobernador, por la vicegobernadora, la ministra de Salud, la ministra de Bienestar. Nos parece importante poder hacer llegar nuestra voz y en primera persona. Quizás algunos pueden llegar a pensar que tiene que ver con una oportunidad o un momento vinculado con la cuestión electoral. Nosotros también lo analizamos eso internamente y la verdad que hemos esperado tanto, que no nos íbamos a poner quisquillosos en si era antes o después de las elecciones”, remarcó.

Después señaló que “Nosotros necesitábamos poder trasladar estas cuestiones, porque sospechábamos que la información sobre los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias no estaban llegando completos, al menos, a la cabeza del Ejecutivo. Y bueno, lo comprobamos. Nuestros reclamos se llevan de manera quizás moderada o un poco la información que llevan los subsecretarios, los secretarios a los diferentes ministros; no llevaba toda la batería de reclamos que venimos haciendo históricamente, no la tenían presente”, explicó María José Pazos.

Repasando los reclamos que llevaron a la reunión, mencionó: “las combis adaptadas, que no funcionan desde hace más de cuatro o cinco meses, por lo cual hay pibes que no están pudiendo ir a la escuela; hasta cuestiones específicas de la obra social o de acceso a pensiones RUPE. Esta vez los sorprendidos fueron ellos, porque había cosas que evidentemente las desconocían o no las quisieron reconocer delante nuestro como una falla o una falta por parte del Estado provincial, que es quien debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en la provincia”, expresó.

Respectó de la respuesta que obtuvieron, de parte del gobernador Gustavo Melella, indicó que “tomó nota atentamente todo lo que nosotros íbamos manifestando. Nosotros estuvimos con varias organizaciones, tanto presencial como virtual, porque había gente de Río Grande que no había podido viajar para esta reunión y estuvieron conectados virtualmente y vino gente de Tolhuin, o sea que necesidades y reclamos de las tres ciudades de la provincia se manifestaron en esa mesa”.

“Tomaron nota y obviamente hay cuestiones que son de resolución más inmediata, como por ejemplo que el gobernador dijo que se iba a ocupar personalmente de ir a ver qué era lo que estaba sucediendo con las combis adaptadas y después cuestiones que son de gestiones que van a llevar muchísimo más tiempo, como por ejemplo que la provincia no está pudiendo garantizar el acceso a vivienda digna a personas electro dependientes, que dentro del colectivo de las personas con discapacidad es uno de los sectores más vulnerables”, alertó.

En el mismo sentido, expresó que “esa realidad sí la conocían y de hecho nos dijeron que estaban buscando algún tipo de financiamiento, porque hay ordenamientos internacionales de que los estados partes de determinadas convenciones no pueden permitir que haya ciudadanos, comprendidos dentro del colectivo de los electro dependientes, que no puedan tener el acceso a una vivienda digna en condiciones de habitabilidad. Así que, como digo, es tan amplio el espectro que vos decís: ¿cuál es el orden de las prioridades? y para la persona que no puede acceder a la medicación con un trámite normal todos los meses, la urgencia es la medicación; para la familia que no puede llevar todos los días el niño a la escuela, la urgencia es la escuela; para el que no tiene la combi la urgencia es la combi y para el que le rechazaron en la junta médica el CMO la urgencia es el CMO”.

“Entonces cada caso es una urgencia y nosotros, de alguna manera, tratamos de ser sostén entre nosotros mismos de esa problemática, pero hay cuestiones que nos exceden. Por eso queríamos ir y plantearlas en el gobierno; porque realmente estamos muchas veces haciendo el soporte de un estado que no está presente frente a estas situaciones y lo estamos haciendo de manera voluntaria desde las asociaciones y las organizaciones. Pero al no contar con recursos como cuenta el estado, el recurso profesional, el recurso económico, a veces nos exceden estas situaciones porque nosotras mismas las personas que estamos al frente de determinadas organizaciones, también tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias luchas con la burocracia, nuestros propios problemas de salud del familiar con discapacidad u otro de los integrantes de la familia”, puntualizó.

Para después señalar que “entonces vemos que cada vez la demanda de ayuda es mayor y estamos en una instancia como superados de tanta negativa o tanta dificultad que se le presenta a las personas con discapacidad y sus familias, en el acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda, trabajo, justicia, el acceso a justicia. Sabemos que el acceso al trabajo está difícil para cualquier persona, pero imagínense cuánto más difícil es para una persona con discapacidad que se queda sin el acceso a una pensión poder salir a buscar trabajo y encontrar condiciones de trabajo de acuerdo a su enfermedad, a su patología, a su condición. Entonces nos preocupan muchísimo todos estos temas y como te decía, para cada una de esas familias o para cada una de esas personas con discapacidad, su problema es una urgencia”, indicó.