El malestar se tradujo en una medida de protesta al día siguiente de la aprobación de la norma, que se repitió esta mañana con un corte en la avenida Maipú, a la altura del ingreso a la zona portuaria. La manifestación fue acompañada por la presentación de una nota formal dirigida al gobernador Gustavo Melella, en la cual se solicita una audiencia urgente, con el objetivo de “tratar la Ley de Fortalecimiento para la OSEF”.

En el texto, firmado por más de 50 trabajadores del puerto, los firmantes sostienen que no se oponen al fortalecimiento de la obra social, pero advierten que el uso de recursos de la DPP representa una medida “insuficiente” y que pone en riesgo la operatividad actual y futura del organismo. Consideran, además, que la decisión genera una “desinversión” directa, trasladando la crisis de un área a otra.

“La ley aprobada avasalla la autarquía que en concepto es económica y se define como la facultad de autosuficiencia económica y financiera”, afirma la nota dirigida al gobernador Melella. También se recuerda que la Dirección Provincial de Puertos fue creada bajo normas que le otorgan autonomía administrativa, como la Ley Nacional 24.093, el Decreto 817/92 y la Ley Provincial 691.

Los trabajadores sostienen que la medida afecta dicha figura jurídica y consideran que se está vulnerando un principio básico del funcionamiento del ente: que sus fondos se destinen exclusivamente a su actividad portuaria. “No cabe duda que estamos ante una figura que atenta contra la funcionalidad de la institución”, plantean en el escrito.

En ese marco, expresaron su intención de ser parte de una solución consensuada y evitar “ser un problema más a futuro en la administración provincial”. Según explicaron en la nota que elaboraron, el objetivo de la audiencia sería “aclarar, ilustrar y consensuar ayudas ante la crisis que hoy está inmersa la provincia”.

Hasta el momento, no hubo respuesta oficial por parte del Ejecutivo a la solicitud presentada. Vale recordar, que el artículo que destina fondos de la DPP a la OSEF fue aprobado junto con otras modificaciones a la ley, que incluyen la creación de nuevas unidades de gestión, un tope del 20% para cargos políticos y la obligación de publicar auditorías periódicas.