La nota que firma Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Dr. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado patrocinante en la causa por torturas contra soldados argentinos; comienza repasando que “El 9 de mayo, el portal Infobae publicó una nota titulada “Un veterano de Malvinas denunció penalmente a dos soldados por falso testimonio”. La noticia presentaba como novedad una denuncia penal efectuada por el denunciado Jorge Eduardo Taranto, contra quienes, desde hace años, vienen sosteniendo públicamente —y en sede judicial— haber sido víctimas de torturas durante la guerra de Malvinas. Lo que el artículo no decía, ni entonces ni ahora, es que esa denuncia fue desestimada”.

Después se señala que “El 12 de mayo, apenas tres días después, el Juzgado Federal de Río Grande dictó una resolución que, sin ambigüedad, rechazó el intento del denunciante de convertirse en querellante y, además, desestimó la denuncia por inexistencia de delito, en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Indicando, también, que “En esa resolución se aclara que el delito de falso testimonio no tiene como víctima al imputado en un proceso, sino a la administración de justicia. Se descarta así la posibilidad de que quien está imputado en la causa por torturas durante la guerra —que no ha sido indagado aún gracias a los múltiples planteos dilatorios interpuestos por su defensa— pueda revestir la calidad de ofendido directo. La jueza va más allá: advierte que aceptar este tipo de maniobras equivaldría a permitirle a cualquier imputado abrir una causa paralela con el único objeto de atacar la base testimonial del expediente principal, lo que generaría un riesgo inaceptable de contradicción entre causas”.

En otro tramo, el escrito que firman Alonso y Guerrero Iraola, dice que “No estamos frente a un hecho aislado. Se trata de una constante: el intento de invertir los roles entre víctima y victimario. De encubrir la gravedad de los hechos investigados bajo la retórica del agravio personal. El relato de Taranto (que antes había denunciado “censura” frente a la manda judicial de no dirigirse a víctimas, denunciantes ni querellas -que omite en sus redes y múltiples medios-) pretende mostrar que todo ha sido parte de una operación orquestada”.

“Según su lógica, se trataría de una conspiración que habría convencido a tres jueces de primera instancia, a dos de una Cámara Federal, a dos Procuradores Generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que declaró la admisibilidad del caso). Pero por algún extraño motivo, esa supuesta maquinaria tan poderosa no ha logrado que este señor sea indagado siquiera una vez en dieciocho años de proceso”, remarca la nota.

Advirtiendo que “Por el contrario, el expediente original acumula más de 200 testimonios de víctimas, numerosos documentos militares que respaldan los hechos denunciados, y resoluciones firmes que han confirmado la validez de la investigación. Todo ello —según la versión de Taranto— sería Calle 21 Nro. 408 La Plata (1900) Argentina – Tel 0221-422-8078 Personería Jurídica 5551. Entidad de Bien Público 642 Dr. Honoris Causa UNLP – Premio Rodolfo Walsh FPyCS UNLP Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas - La Plata producto de una operación política. Es una narrativa de autoexculpación, repetida con insistencia, pero sin asidero jurídico”.

Más adelante, se menciona que “La resolución judicial dictada el 12 de mayo es una pieza más que evidencia lo que venimos sosteniendo desde hace años: que el único lobby real es el que impidió, durante casi dos décadas, que los responsables de graves crímenes durante la guerra respondan ante la justicia. Que lo que existe es un proceso judicial robusto, legítimo, con participación de víctimas, querellas, fiscales, jueces y organismos internacionales. Que no hay persecución ni ficción, sino hechos, pruebas y denuncias concretas”, se asegura.

Para terminar indicando que “Se ha dicho que cada uno puede tener su propia interpretación, pero no sus propios hechos. Lo recordamos ahora con firmeza. Lo que está en juego no es una disputa mediática, sino la memoria, la justicia y la dignidad de quienes fueron torturados. Aquellos quienes, pese al tiempo, aún creen en el derecho como herramienta de reparación”. Firman, Ernesto Alonso, secretario de DD.HH del CECIM y Jerónimo Guerrero Iraola, abogado.