El texto, comienza indicando que “El Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura de la República Argentina repudia enérgicamente los actos de violencia institucional acontecidos el miércoles 12 de marzo durante la movilización convocada habitualmente por las personas jubiladas, que tuvo como consecuencia directa las lesiones y detenciones que motivan nuestro comunicado”.

Luego se expresa: “Nos solidarizamos con las víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad y exigimos al Poder Judicial una pronta investigación e identificación de quienes hayan ejercido tales violencias”.

“Manifestamos que el operativo desplegado, con un Protocolo cuya implementación fue severa mente cuestionada desde el inicio, trae las consecuencias que denunciamos. Las fuerzas de seguridad deben garantizar que las personas que se movilizan puedan hacerlo en paz. El mencionado Protocolo tergiversa la función que debe cumplir”, advierte el documento.

Más adelante, se menciona que “Nuestra Constitución Nacional ha establecido como derechos la libre expresión y la posibilidad de peticionar ante las autoridades. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió”.

“El Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA, la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, monitorearon la manifestación y observaron la violencia desplegada hacia las y los manifestantes”, remarca la declaración conjunta, que firma también el mecanismo fueguino.

Indicando, luego, que “El ejercicio de violencia hacia quienes son vulnerables por cualquier fuerza de seguridad es considerado un trato cruel, inhumano o degradante, están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos, de acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”.

“Asimismo, nos solidarizamos con la jueza Karina Andrade ante los ataques que se encuentra su friendo por la decisión de liberar a las personas detenidas cumpliendo su mandato de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho”, agrega el escrito.

Para terminar señalando: “Finalmente, la justificación de lo acontecido con argumentos aparentes, revirtiendo la responsabilidad hacia quienes se manifestaban, o adjudicándoles la pertenencia a un grupo, partido político o equipo no hace más que instalar la sensación de impunidad, el miedo y la falta de libertad para ejercer los derechos de la ciudadanía”, concluye la declaración del Consejo.