El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de esta ciudad, Daniel Rivarola, en declaraciones publicadas por “Provincia 23”, afirmó que el decreto 149/2025 es “ilegal e inconstitucional”, al tratarse de una intromisión en acuerdos entre privados.

La norma elimina el pago obligatorio del empleador al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que fue creado en 2008 y que alcanza a 1,2 millones de trabajadores. Según fuentes del Gobierno, en marzo la cuota es de $4.725,02 por empleado y representa el 0,50% del salario de maestranza A inicial, que sube con cada paritaria.

El mismo decreto establece que el gobierno no homologará negociaciones colectivas que obliguen a hacer este tipo de aportes, ya que hasta ahora se hacía una “interpretación incorrecta” de la ley que regula estos convenios.

Para Rivarola este aporte es similar al aporte solidario de los trabajadores a la entidad gremial. “La medida es la misma, porque son acuerdos de partes firmados ante el Ministerio de Trabajo, homologados legalmente y que tienen vigencia desde 2008 en el caso de comercio”, dijo por Radio Provincia.

“Este es un aporte obligatorio al INACAP para la capacitación de sus integrantes. Podría darse por cerrado el INACAP y no se capacitará a nadie en el país, que es lo contrario a lo que el Estado pide. No afecta en nada las relaciones comerciales, sí la capacitación”, aclaró.

En la práctica, “la FAECYT lo que hace a través del acuerdo del 2008 es poner salones y profesores en las filiales que tengan, para que asesoren, entrenen y capaciten. Esa es la parte que nos tocaba a nosotros y el financiamiento lo ponía la CAME a través de esta recaudación”, explicó.

“Como todo acuerdo colectivo, abarca a todos los integrantes del sector. Estén o no estén en la CAME, están obligados a pagar ese aporte. En algún momento la CAME puede convocar a los empleados de alguna empresa a asesorarlos o capacitarlos, y entonces se hacen acuerdos colectivos”, sostuvo.

“Lo que hace el decreto es sacar la cuota obligatoria por pedido de algunos empresarios, no de las cámaras, que van a dejar de percibir esa cuota. Calculo que CAME a través de sus representantes legales harán las presentaciones que corresponden. Ayer hablé con el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande sobre este tema y me transmitió su preocupación, porque ese aporte que hacen los empresarios se divide de acuerdo a las filiares adheridas y ese importe va a dejar de venir”, señaló sobre el impacto en la cámara local.

Rivarola consideró que “el Estado se está metiendo en acuerdos privados, lo que está lejos de los que se dicen libertarios. Están determinando qué puede hacer el sector privado, y eso no es legal y es inconstitucional”, sentenció.

Recordó que “se cobraba el 0,5% por cada obrero, esté o no en la cámara correspondiente. Son acuerdos convencionales que abarcan a todos. Los acuerdos que firma la Cámara de Comercio no son solamente para los que están adheridos a la cámara, y el gremio firma acuerdos salariales no solamente para los que están afiliados. Los convenios colectivos abarcan a todo el espectro”, expresó.

Con respecto al monto recaudado, son cifras multimillonarias, porque “el universo de empleados de comercio ronda el millón doscientos mil y es el más numeroso. En Río Grande estamos en los 1.300. En Ushuaia desconozco porque es otra entidad sindical. Entre Río Grande y Tolhuin tenemos entre 1.100 y 1.300, y el número fluctúa por la ola de despidos”, dijo.