“La realidad es la que venimos sufriendo desde el año 2024. Ante la crisis económica, muchas patronales evaden aportes y contribuciones para sostener la apertura de los negocios, lo que fomenta el empleo negro y el subempleo. Esto lo venimos denunciando desde el año pasado, cuando sufrimos casi 400 despidos”, afirmó el dirigente.

Rivarola explicó que, en algunos casos, los trabajadores despedidos son recontratados de manera informal, mientras que en otros, se trata de comercios que reducen su personal registrado o directamente operan con trabajadores no declarados. “Esto sucede especialmente en zonas alejadas del centro urbano, como Chacra 11, Chacra 13, Austral y también en Tolhuin, donde el índice de empleo en negro alcanza entre el 30% y 40% en el comercio”, detalló.

El gremio ha presentado entre 12 y 14 denuncias recientemente y tiene preparadas otras tantas para enviar a las autoridades. “El trabajo del gremio consiste en detectar estas irregularidades y realizar las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación. Son ellos quienes deben ingresar a los locales, verificar los registros y controlar aportes y contribuciones”, sostuvo Rivarola.

Sin embargo, el dirigente expresó su preocupación por la limitada capacidad de los organismos estatales para atender estas denuncias. “Sabemos que en algunos casos actúan, pero no se llega a todos los comercios que denunciamos. Esto puede deberse a falta de personal o recursos, pero la realidad es que no se está cubriendo toda la demanda”, criticó.

El subempleo, una práctica recurrente, también fue señalado por Rivarola como un desafío para la fiscalización: “Muchos trabajadores son declarados por media jornada para que tengan obra social, pero en realidad trabajan ocho horas o más. Esto nos obliga a visitar un comercio varias veces y en diferentes horarios para detectar las irregularidades”, explicó.

El dirigente cerró afirmando que el gremio continuará realizando denuncias y exigió un mayor compromiso de las autoridades para garantizar los derechos de los trabajadores y combatir la precarización laboral. “El 2025 será complicado si no se refuerzan los controles”, concluyó.