La secretaria general de SEJUP, Alicia Ponce, se refirió al presupuesto del Poder Judicial, presentado ante la Legislatura, por un monto de cien mil millones de pesos, casi equivalente a un presupuesto municipal, como también a la desigualdad de las remuneraciones entre los jueces y los empleados, y la incidencia de la política en el organismo

“Me sorprende que sea un presupuesto similar al que se necesita para sostener a una ciudad. El Poder Judicial históricamente no ocupaba más del 6 ó 7% del presupuesto de la provincia. Nosotros tenemos poco o ningún acceso a la información sobre las erogaciones. El presupuesto se presentó sin sentarse a dialogar con la Asociación de Funcionarios y Magistrados ni con los sindicatos que nuclean a los trabajadores. De un tiempo a esta parte se manejan como si fueran patrones de estancia”, aseguró.

“El 25 de octubre firmaron una acordada por la cual reducen ocho mil millones de pesos de la partida de salarios. Nosotros solicitamos una reunión con el presidente para que explique cómo va a impactar eso en los trabajadores, y si es que no va a haber aumentos o recategorizaciones. El año pasado ellos presupuestaron un 30% de aumento y terminamos el año con un 110% prácticamente. Este año no presupuestaron un porcentaje específico”, manifestó.

“Hay una miseria tremenda en cuanto al sostenimiento de los salarios de los trabajadores. No hay una respuesta de la dirigencia política y el Poder Judicial no escapa a eso. Nosotros tenemos 969 empleados y muchos están por debajo de la línea de pobreza, mientras que otros están por demás por arriba, con salarios de 7, 10, 12 millones de pesos. No tenemos respuesta de cuál va a ser nuestro destino salarial”, reclamó.

Yendo a las remuneraciones concretas, dijo que “el ingresante está cobrando un millón trescientos mil pesos. Hay mucha masa de trabajadores ingresantes y hay mucho presupuesto afectado a sostener funcionarios y magistrados, como camaristas y ministros de la Corte. Más de un 50% de la masa presupuestada se destina a sostener el 40% de la planta. A lo largo de este año hemos pedido que se priorice a los que menos ganan, pero no hubo una decisión política humanitaria para acompañar a los trabajadores en esta crisis”.

“Al Poder Judicial nunca le objetan el presupuesto y tendrían que explicar cómo llegaron a esta miseria de funcionamiento. Se publicitan obras para el servicio de la comunidad en las páginas oficiales, pero hay una miseria en el dinero que se ha puesto en obras. El empleado judicial trabaja hacinado, sin calefacción, sin ventilación. Llegamos a trabajar en este estado cuando teníamos plata para administrarnos, para construir nuestros propios espacios y para las ampliaciones. Hoy tenemos gente que no trabaja en los tribunales. Un 50% de la planta está tratando de sostener al otro 50% y esto se produce a través de los favores políticos. Se han creado estructuras para bancar ingresos de la mano de la política”, afirmó.

“Nosotros acompañamos el relevamiento de un inspector de la ART y estamos elaborando una presentación al Ministerio de Trabajo, porque hay severas irregularidades en muchos edificios. En Ushuaia hay empleados que han trabajado sin gas en pleno invierno, o con calefactores eléctricos porque Camuzzi les cortaba el gas porque había fugas. En Río Grande hay un hacinamiento sin precedentes. Nunca le pusieron un peso al edificio desde 2014. Dentro del mismo edificio se están creando juzgados y en un día como hoy de mucho calor no se podía estar, porque no hay ventilación”, expuso.

“Hay falta de responsabilidad de quienes comandan la administración judicial y esto nunca lo vivimos. El Poder Judicial debe brindar un servicio de justicia independiente, ágil, hoy tenemos cinco ministros, que no tiene ningún sentido. Entra un ministro y lleva su proyecto personal, no es un proyecto pensado en mejorar el servicio de justicia. Van todos los fondos y el personal al proyecto personal. No hay un hilo conductor que busque un mejor servicio de justicia, porque estamos atravesados políticamente y se está pensando cómo servir al sistema político de la provincia”, criticó.

“El empleado judicial está muy desconcertado, porque no hay reglas de juego establecidas que generen estabilidad. Pareciera ser que cada ministro crea una pyme personal y empiezan a jugar todos los que se quieren prender de la pyme y los que no quieren acercarse por si se cae. Esto ha generado un descreimiento tremendo en las autoridades”, sostuvo.

Planteó que “el Poder Judicial en general no es interpelado. El lunes se suspendieron las elecciones de los jueces en el Consejo de la Magistratura, el ministro Tita dijo que no había tenido tiempo de leer la documentación que se había presentado en julio y el resto dijo que lo dejaban para después, pero ese después es luego de que cambien la conformación del Consejo, porque ya va a tener otros actores, otros fines y otras consecuencias. Todo esto es muy importante para los ciudadanos, porque es juez quien eligió Fulanito, que responde a Menganito, que garantiza a Zutanito que atiende la causa. Hoy tenemos un montón de jueces en el tapete que son noticia todos los días, fiscales, jueces de instrucción y hay tan poco decoro al momento de llevar adelante sus funciones porque son elegidos políticamente, no por una capacidad determinada”, enfatizó.

“Ya no conservan ni las formas y esto ha llevado a la administración judicial a ser uno de los poderes menos creíbles en toda la provincia”, disparó la dirigente.

“La situación política que se vive hoy en el Poder Judicial es abrumadora y nadie sabe si el compañero con el que está trabajando mañana va a ser su jefe. Hoy en la justicia fueguina hay punteros, porque nadie sabe qué hacen, cuándo lo hacen ni cómo lo hacen. Esto también es responsabilidad de los Colegios de Abogados, porque ni el de Ushuaia ni el de Río Grande fueron a elecciones. Fue histórico, y estamos haciendo historia en todo lo malo. Los abogados no se expiden porque no van a elecciones y no ponderan la democracia de sus actos. Hay responsabilidad de los legisladores, de abogados que no cumplen la función, de ministros de la Corte, y es una falta de respeto a la ciudadanía y a los trabajadores”, remarcó.

“La carrera judicial ya no existe. Cuando hay postulantes para fiscales ya se sabe quién va a ganar. Yo sabía mucho tiempo antes quién iba a ser juez en Tolhuin, quién iba a estar en la Cámara, porque conforme van cambiando los gobiernos van apareciendo los nuevos actores, que van garantizando las jugadas políticas. Estamos atravesados políticamente y tenemos una sucursal del Tribunal de Cuentas en nuestras filas, también tenemos una sucursal de jueces que operan políticamente y están bancados políticamente. Mientras tanto la estamos pasando muy mal los trabajadores que están cumpliendo funciones en condiciones edilicias deplorables y con malos salarios. Yo digo que somos muy malos cobradores porque si dejamos que nos atraviesen por todos lados, por lo menos podrían pedir una devolución de los favores”, ironizó.

“Hay una casta que es de la década de los ’90 y ellos siguen ponderando su privilegio y siguen haciendo de las suyas. También tenemos jueces que son jóvenes que se comprometen con el trabajo y tienen el reconocimiento de su personal. Yo apuesto a este recambio, porque ya le hemos hecho demasiado mal a la provincia”, lamentó.

Consultada sobre los 49 ingresos para el próximo año, no hay expectativas de que se respete la independencia. “Hay tres mil inscriptos en el listado, tienen que hacer un examen de oposición y siempre existe un margen de discrecionalidad donde el Superior toma la decisión de afectar determinadas personas. La mayoría entra con banca y como trabajadores decimos que no hay que jugar así con las necesidades de la gente. El 26 de agosto de este año dieron por finalizado el listado de aprobados que estaba vigente, pero no se tomaron a esas personas con el argumento de que no cumplían con el perfil del juez. El Consejo de la Magistratura debiera estar atento a todas las denuncias que se presentan en contra de determinados jueces y debiera revalidar el conocimiento y la salud mental de determinados actores”, sugirió.

En cuanto al rol de los ministros de la Corte, para Ponce viven en una realidad paralela. “Los ministros no toman decisiones políticas porque ellos viven en otro mundo, ganando una fortuna por mes, yéndose a disertar a Estados Unidos, a la India, mientras acá la gente la está pasando muy mal. Si ven el recibo de sueldo de un juez, de un ministro o un camarista, está plagado de ítems. Le pagan por si estudia, por si no estudia, por si tiene la intención de estudiar. A nosotros después de 29 años nos empezaron a pagar el título secundario”, comparó.

“Yo apelo a la cordura de quien asuma la presidencia dentro de unos días. Calculamos que entre el 12 y el 17 de diciembre se va a hacer el recambio de la presidencia, que dura dos años. Todo haría suponer que podría estar dentro de las mujeres que ocupan cargos en la Corte, o la Dra. Cristiano o la Dra. Battaini. Nosotros entramos en feria el 19 de diciembre. Este año nos reincorporamos el 1° de febrero y habíamos perdido un 40% de nuestro salario, que nunca recuperamos. El año que viene nos va a pasar lo mismo y no sé cuánto vamos a perder. Hay compañeros que han dejado de estudiar porque una matrícula en la UCES sale medio millón de pesos y el alquiler sale otro tanto o más. Estamos terminando a pedazos y los ministros han dejado este barco a la deriva.  El 2025 va a ser un año muy difícil de transitar desde el comienzo”, concluyó.