“Estamos conmemorando este 75 aniversario de la gratuidad universitaria después del decreto Nº 29.337 del entonces presidente, Juan Domingo Perón; esta fecha no podía pasar como un día más”, dijo ante los presentes en la actividad convocada en la sede de la UNTDF la secretaria General de AFUDI, Andrea Ozamiz, y luego añadió que: “nosotros entendemos a la reforma universitaria, porque esa reforma nace por un problema que tuvo que ver con la imposibilidad de que en ese momento histórico los sectores populares, los trabajadores y las trabajadoras no podían acceder a la Universidad Pública porque la Universidad no era gratuita.

La titular de la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores, según lo publicado en el portal “Gremiales del Sur”, remarcó luego que “fue una decisión política de un gobierno popular que hizo que las hijas y los hijos de los obreros ingresaran a la Universidad Pública; tan importante fue ese impacto que la matricula pasó de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954 en un periodo muy corto de tiempo”.

“La gratuidad universitaria es para nosotros un compromiso irrenunciable, la Universidad Pública debe abrazar esa causa, igual que la defensa de la soberanía, de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y las riquezas naturales que tiene nuestro país”, destacó Andrea Ozamiz y más adelante subrayó que, en la actualidad, “lo que está es juego es la gratuidad de la Universidad”.

Del acto, que se desarrolló en el hall principal de la sede Río Grande de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, participaron la senadora nacional, María Eugenia Duré; la Dra. Adriana Rapossi; representantes de entidades sindicales y sociales; autoridades del PJ; y alumnos y docentes de la UNTDF.

En la ocasión también se leyó un documento alusivo a la fecha, enviado por la diputada nacional, Andrea Freites, y después se proyectó un video en referencia al 22 de noviembre de 1949, día en el cual se estableció la gratuidad universitaria a través del Decreto de Juan Domingo Perón, que suprimió el cobro de aranceles en las instituciones de Educación Superior.