El comunicado que firman la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y la Asociación de Mujeres e Hijes Familiares de Personas Privadas de la Libertad, comienza señalando que  “En estos últimos días, personas privadas de su libertad por diferentes delitos, quienes fueron condenadas a prisión perpetua en su momento; están siendo notificadas que el Tribunal de Juicio de la Zona Norte, por requerimiento de la jueza de Ejecución, les está fijando el máximo de pena posible para ese tipo de condena, aplicando en todos los casos un cumplimiento efectivo de 50 años”.

Luego manifiestan que “Más allá de tecnicismos, respecto de la legalidad o no de dicho procedimiento, quienes integramos la Multisectorial de Derechos Humanos, en conjunto con la Asociación de Mujeres e Hijes Familiares de Personas Privadas de la Libertad, queremos expresar la profunda preocupación que genera la determinación de cómputos que terminan aplicando penas inhumanas, degradantes y crueles; las cuales de hecho significan una condena a muerte lenta y tortuosa para personas que, en algunos casos, rondan los 30 años de edad y con esta decisión del Poder Judicial fueguino saldrían con edades que rondarían los 80 o 90 años”.

Las ONGs, advierten que “Las notificaciones que están llegando, producen una profunda sensación de angustia y desesperanza en las personas condenadas y sus familias. Cualquier intención de revertir la situación en la cual se encuentran, como de avanzar con sus estudios en contexto de encierro, con su trabajo, con sus labores cotidianas y pensar en poder volver a reinsertarse en la sociedad, desde otro lugar y con otros objetivos diferentes a los que los llevaron a estar en la cárcel; se diluye al recibir el mazazo que significa la noticia de tener que, inevitablemente, cumplir una condena que los deja con una mínima expectativa de sobrevida. Sobre todo, en las precarias y deficientes condiciones en las cuales se encuentran las cárceles de la provincia”.

Finalmente, ambas organizaciones expresaron: “Reclamamos la revisión de estas determinaciones, no se puede negar a las personas privadas de su libertad la posibilidad de tener alguna expectativa de mejorar sus vidas. El sufrimiento que puedan haber generado, no se repara generándoles un sufrimiento igual o mayor a ellos y su entorno”.